El Gobierno de Asturias envía un requerimiento a Aucalsa por el cobro íntegro del peaje del Huerna pese a las deficiencias del servicio

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado que la Dirección General de Consumo ha remitido un requerimiento formal a la concesionaria del peaje del Huerna, Aucalsa, tras constatar deficiencias en la prestación del servicio en esta infraestructura.

Según ha explicado, la actuación se produce tras la recepción de varias reclamaciones de personas usuarias, tanto a título individual como colectivo, a través de la Unión de Consumidores de Asturias, y de la realización de inspecciones por parte del servicio de Consumo en los meses de enero y febrero, que han permitido verificar las afecciones denunciadas. Entre ellas, destacan limitaciones de velocidad, retenciones, obras simultáneas y deficiencias en la señalización, unas circunstancias que afectan a la seguridad, fluidez y rapidez propias de una autopista de peaje.

El consejero ha señalado que existen “indicios” de que se podría estar cobrando por un servicio que no se presta en condiciones adecuadas. En este sentido, ha subrayado que se trata de una situación “que se está prolongando en el tiempo” y que genera un malestar generalizado entre la ciudadanía. “El Gobierno de Asturias está con las personas usuarias y consumidoras”, ha afirmado. “¿Quién no se ha indignado al pasar por ahí? Yo creo que es de sentido común y es vergonzoso. ¿Quién no se siente violentado al pagar el peaje en su integridad?”, se ha preguntado Zapico.

El requerimiento remitido a Aucalsa solicita información detallada sobre la situación de la autopista, la planificación y duración de las obras en curso, así como la justificación del cobro íntegro del peaje. La empresa dispone de plazo hasta el 31 de marzo para presentar alegaciones, que serán analizadas posteriormente por el Principado antes de determinar posibles actuaciones.

Zapico ha recordado además que existe un precedente reciente del Tribunal Supremo en relación con la autopista AP-9, en Galicia, donde se determinó la improcedencia de cobrar íntegramente el peaje durante la ejecución de obras que afectaban a la normal circulación. “Hay coincidencias evidentes entre ambos casos”, ha señalado, si bien ha insistido en que el Gobierno autonómico esperará a la respuesta de la empresa antes de adoptar decisiones.

Por su parte, el director general de Consumo, Faustino Zapico, ha explicado que la actuación administrativa se basa en la constatación de una realidad: “Se está cobrando la totalidad de un servicio que no se está prestando plenamente”. Según ha detallado, las inspecciones técnicas realizadas han corroborado las reclamaciones recibidas y evidencian que las condiciones de circulación actuales no se corresponden con las que justifican el pago del peaje.

1,8 millones de afectados y más de 28 millones de recaudación

Asimismo, ha indicado que el número de afectados podría situarse en torno a los 1,8 millones de vehículos desde el inicio de las incidencias, con una recaudación estimada de entre 28 y 29,6 millones. En este contexto, ha apuntado que, de confirmarse la falta de prestación adecuada del servicio, “lo razonable sería aplicar descuentos o incluso devoluciones” a las personas usuarias.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha puesto el acento en la falta de información por parte de la concesionaria sobre la planificación de las obras y su duración, así como en la ausencia de medidas para adaptar el coste del peaje a las condiciones reales del servicio. En este sentido, ha señalado que el requerimiento también busca esclarecer “cuál es la motivación para no minorar la cantidad que se está cobrando”.

González ha recordado que el Gobierno de Asturias actúa dentro de sus competencias para “defender a los consumidores y exigir el cumplimiento de los contratos”, al tiempo que mantiene una reivindicación política clara: la supresión del peaje del Huerna.

El Ejecutivo autonómico se mantiene ahora a la espera de la respuesta de Aucalsa para valorar las medidas a adoptar, con el objetivo de garantizar los derechos de las personas usuarias y asegurar que el servicio prestado se corresponde con el coste que se les exige.

*Pie de foto:  El director general de Consumo, Faustino Zapico; el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto.