Zapico presenta en la Junta General la nueva ley de consumo, que busca reforzar la protección de la ciudadanía

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha presentado hoy en la Junta General el proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias del Principado. La norma busca reforzar los derechos de la ciudadanía y adaptar la legislación a los cambios que se han producido en el mercado en las últimas décadas.

“Las políticas de consumo son, en realidad, políticas de defensa de derechos cotidianos, que afectan directamente a la vida de la gente”, ha señalado Zapico durante su intervención, en la que ha estado acompañado por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y el director general de Consumo, Faustino Zapico.

La nueva ley sustituirá a la normativa vigente, aprobada hace más de veinte años y que en su día fue pionera. El texto responde a una realidad marcada por la expansión del comercio electrónico, las plataformas digitales, las contrataciones a distancia y las formas más actuales de publicidad y comercialización.

Así, se pretende modernizar la protección de las personas consumidoras y reforzar los instrumentos públicos frente a los abusos, con el fin de garantizar un mercado basado en la transparencia, la responsabilidad y el equilibrio entre empresas y ciudadanía.

Entre las principales medidas recogidas en el proyecto figura la actualización del régimen sancionador, para que las infracciones en materia de consumo tengan consecuencias proporcionales y disuasorias, y evitar que determinadas prácticas abusivas o engañosas puedan resultar rentables para quienes las realizan.

La ley incorpora también de forma expresa la realidad del consumo digital, con medidas dirigidas a reforzar la información previa en la contratación, mejorar la transparencia de los servicios y proteger a los consumidores frente a prácticas comerciales especialmente invasivas o engañosas en el entorno online.

Otro de sus objetivos consiste en fortalecer la red pública de atención a las personas consumidoras. En este sentido, la norma obligará a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a disponer de una oficina municipal de información al consumidor, para garantizar un servicio cercano al que acudir en caso de conflictos o reclamaciones. Estas oficinas desempeñan un papel fundamental en la información, orientación y tramitación de reclamaciones, por lo que la ley busca consolidar su función y ampliar su presencia en el territorio.

Además, el texto refuerza las funciones de inspección y control de la administración autonómica para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa.

Especial atención a los colectivos más vulnerables

 

El proyecto también presta especial atención a los colectivos más vulnerables en el ámbito del consumo, como las personas mayores o quienes tienen mayores dificultades para acceder a información. Para defenderlas, se promoverán políticas de información, educación y sensibilización orientadas a prevenir abusos y prácticas engañosas.

Zapico ha subrayado que la norma no pretende actuar contra la actividad empresarial, sino favorecer un mercado más justo y competitivo. “Un mercado que funciona con reglas claras, con transparencia y con respeto a los derechos de las personas consumidoras es también un mercado más justo y más competitivo”, ha afirmado.

El consejero ha expresado su confianza en que el debate parlamentario permita alcanzar el mayor consenso posible con el fin de que Asturias cuente con una herramienta legislativa moderna y eficaz para la defensa de los derechos de la ciudadanía en el ámbito del consumo.

Situación en Irán

 

Por último, Zapico ha vinculado los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán con las dinámicas del sistema económico global, al denunciar que los conflictos bélicos “vuelven a evidenciar la lógica perversa de un mercado capitalista que nunca se sacia y que aprovecha cualquier crisis para incrementar sus beneficios”.

Según ha recordado, el ataque, que incluyó el lanzamiento de misiles contra una escuela de niñas y causó decenas de víctimas inocentes, tuvo un efecto inmediato en los mercados energéticos internacionales. Apenas nueve días después del inicio de los bombardeos, el precio de los combustibles se ha incrementado en más de 35 céntimos por litro.

A su juicio, esta subida no responde únicamente a la tensión geopolítica, sino también a la especulación que se produce en el mercado energético, dado que el combustible que hoy se vende más caro en Asturias ya se encontraba almacenado previamente en los depósitos de las grandes distribuidoras. “Esto demuestra cómo el sistema capitalista aprovecha los conflictos para especular con bienes esenciales: se genera miedo, incertidumbre e inseguridad entre la población para justificar subidas de precios que terminan pagando las familias trabajadoras”, ha afirmado.

Esta situación, ha precisado, vuelve a poner de manifiesto la relación entre guerras, intereses económicos y mercados energéticos. En este sentido, ha reiterado su rechazo frontal a los conflictos armados y ha reclamado una respuesta política que proteja a la mayoría social de las consecuencias económicas de estas crisis.

“Frente a estas guerras injustas solo cabe una posición clara: un rotundo no a la guerra y a las víctimas inocentes. Y también la obligación de impedir que el coste de estas crisis vuelva a recaer sobre los humildes y la clase trabajadora”, ha concluido.