Zapico subraya que la nueva ley protegerá de forma permanente la vivienda pública y eliminará la descalificación de la protegida

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha comparecido hoy en la Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de la Junta General del Principado para presentar el Proyecto de Ley de Vivienda de Asturias, que inicia ahora su tramitación parlamentaria.

También han comparecido ante la Comisión el director general de Vivienda, Daniel Sánchez; el secretario general técnico de la Consejería, Jonatan Frade, y el jefe de servicio de Régimen Legal de la Dirección General de Vivienda, José María González.

Durante su intervención, Zapico ha defendido que la norma supone un giro estructural en la política residencial asturiana, al blindar la vivienda pública y garantizar que la protegida mantenga de forma permanente su función social. “La vivienda es un derecho y no puede tratarse como un mero activo financiero”, ha afirmado.

Zapico ha señalado que esta es la primera ley integral de vivienda en los 43 años de autonomía y que supone un cambio de modelo. El texto concibe la vivienda como un derecho, en línea con el artículo 47 de la Constitución, y no como un objeto de especulación, situando a las personas en el centro de la acción pública.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la consolidación del parque público. La ley establece que todas las viviendas de titularidad del Principado tendrán destino exclusivo al arrendamiento y no podrán ser enajenadas. “No se venderá ni una vivienda pública más en Asturias”, ha remarcado el consejero.

El consejero ha recordado que, cuando Asturias asumió las competencias en vivienda en los años 80, el parque público rondaba las 32.000 viviendas, cifra que se redujo a poco más de 9.600 en agosto de 2023. Con esta ley se pone fin a décadas de descapitalización y se garantiza que cada vivienda pública construida o adquirida mantenga indefinidamente su destino social. La nueva ley impedirá nuevas ventas y garantizará que los recursos públicos invertidos en vivienda mantengan indefinidamente su destino social.

Protección permanente y refuerzo del alquiler

El proyecto establece una única tipología de vivienda protegida de régimen general y otorga carácter permanente a la protección, evitando que las viviendas calificadas puedan descalificarse y pasar al mercado libre.

Asimismo, refuerza los mecanismos de inspección para garantizar el cumplimiento de la función social de la vivienda y potencia las políticas de arrendamiento, en particular a través del programa Alquilámoste, que continúa incorporando viviendas y solicitantes y facilita el acceso a una vivienda y da seguridad a los propietarios. En este sentido, el consejero ha informado de que el registro cuenta ya con 44 viviendas inscritas y 474 personas solicitantes de arrendamiento, datos que evidencian tanto la creciente confianza de pequeños propietarios como la elevada demanda existente.

En relación con las zonas de mercado residencial tensionado, Zapico ha avanzado que, una vez finalizado el periodo de exposición pública, esta misma semana se remitirá el procedimiento a los primeros ayuntamientos afectados para continuar la tramitación administrativa. Las primeras declaraciones previstas corresponden a Arenas y Po, en Cabrales, y a la villa de Llanes y Posada, en Llanes. Los ayuntamientos tendrán diez días para remitir sus valoraciones.

La ley incorpora por primera vez en la legislación autonómica española la consideración expresa de la vivienda como determinante esencial de la salud. El texto reconoce que las condiciones de habitabilidad, salubridad y confort influyen directamente en la calidad de vida y en la prevención de desigualdades sociales, integrando esta perspectiva de forma transversal en el desarrollo de la norma.

El consejero ha concluido señalando que el proyecto no pretende cerrar el debate, sino ofrecer “un marco sólido, técnicamente trabajado y jurídicamente seguro” para que la Junta General pueda debatir, mejorar y enriquecer el texto durante su tramitación.

Con esta ley, el Gobierno del Principado aspira a consolidar un modelo estructural y duradero que refuerce el parque público, limite la especulación y garantice el derecho efectivo a una vivienda digna y asequible en Asturias.