Zapico asegura que “nadie quedará fuera de una vivienda de Vipasa por una cuestión económica”
-
El consejero de Ordenación de Territorio afirma en la Junta General que el parque público autonómico debe proteger a las familias vulnerables y evitar la exclusión residencial
-
El titular de Urbanismo adelanta a este mes la licitación del plan especial de los terrenos del antiguo HUCA
-
El Principado sacará a exposición pública en abril el documento de avance de las directrices para regular los parques de baterías

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido hoy el compromiso del Gobierno de Asturias con la protección de las personas y familias vulnerables que residen en el parque público de vivienda y ha reafirmado la función social de la empresa pública Vipasa. “Lo puedo asegurar con rotundidad: nadie queda fuera de una vivienda de Vipasa por una cuestión económica y así va a ser mientras yo sea consejero. Nadie va a quedar excluido de una vivienda pública por una cuestión económica cuando hay un riesgo real de que esa situación sea una amenaza para la vulnerabilidad de esa familia”, ha manifestado en la Junta General.
Zapico ha explicado que cuando se producen situaciones de impago motivadas por dificultades económicas, la Administración activa mecanismos de mediación, revisión de la situación económica y coordinación con los servicios sociales municipales, con el objetivo de evitar que estas circunstancias deriven en exclusión residencial. Además, ha detallado que en ese proceso interviene el departamento de intermediación comunitaria de Vipasa, que analiza cada caso y busca fórmulas para que las personas puedan mantener su vivienda mediante acuerdos de pago adaptados a su capacidad económica.
Según los datos que ha facilitado, en 2024 se tramitaron 47 demandas, de las que 40 estaban relacionadas con impagos de renta, cinco con situaciones de uso precario y dos con ocupaciones. En 2025, se registraron 37 nuevas demandas, de las cuales 18 correspondían a impagos, diez a ocupaciones, tres a uso precario y una a otras causas. Además, el año pasado se produjeron 36 lanzamientos.
El titular de Vivienda ha señalado que muchos de estos procedimientos se suspenden cuando se alcanzan acuerdos con los inquilinos para regularizar su situación mediante planes de pago asumibles. No obstante, también ha subrayado que la Administración debe garantizar el buen uso del parque público de vivienda y actuar cuando se producen incumplimientos graves, ocupaciones irregulares o situaciones en las que se deja de pagar la renta de forma voluntaria pese a disponer de recursos para hacerlo.
En relación con la movilización de vivienda vacía y las garantías para los propietarios, el consejero ha destacado el papel del programa Alquilámoste, que ofrece seguridad a quienes ponen sus pisos en alquiler a través de este sistema. Los propietarios que se incorporan a esta iniciativa colaboran con un fin de interés social, por lo que pueden beneficiarse de deducciones fiscales en el IRPF previstas en la Ley de Vivienda y cuentan con la garantía de cobro de la renta.
“Ahora mismo no hay mejor mecanismo en Asturias que el programa Alquilamóste para garantizar a los propietarios el cobro del alquiler de su vivienda”, ha asegurado.
Compensaciones a propietarios con inquilinos vulnerables
Respecto a las compensaciones a propietarios afectados por la suspensión de desahucios cuando los inquilinos se encuentran en situación de vulnerabilidad, Zapico ha señalado que el presupuesto del Principado incluyó una partida de un millón para este fin en 2025, de la que se ejecutaron 700.000 euros. Para este ejercicio se mantiene la misma dotación.
Actualmente hay 93 solicitudes pendientes, sobre las que se sigue trabajando. Hasta el momento se han realizado 28 requerimientos de documentación, se han resuelto varios recursos de reposición y hay dos expedientes en trámite de audiencia pendientes de que los solicitantes acrediten que están al corriente de sus obligaciones tributarias con el Principado. Además, tres expedientes se encuentran en fase de fiscalización y pendientes de resolución, por lo que sus titulares percibirán la compensación correspondiente en los próximos días.
LOITA y documento de avance para regular los parques de baterías
Durante la comisión parlamentaria, el consejero también ha anunciado que la licitación de la asistencia técnica para la redacción del plan especial del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se adelantará y se publicará antes de que finalice este mes.
Zapico ha explicado que inicialmente esta licitación estaba prevista para el segundo trimestre, pero el Ejecutivo autonómico ha logrado adelantar varias semanas el calendario, lo que permitirá iniciar antes los trabajos de planificación sobre el ámbito del antiguo complejo hospitalario.
El objetivo del Gobierno de Asturias es terminar la legislatura con el documento de aprobación inicial del plan, lo que supondrá un avance importante para el futuro desarrollo urbanístico de los terrenos del antiguo hospital.
El consejero también ha anunciado que el Gobierno de Asturias ampliará cinco días hábiles el plazo de exposición pública de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA), cuyo periodo de participación finalizaba el 13 de marzo.
La ampliación responde a las solicitudes trasladadas por distintos colectivos y personas a título individual que habían pedido más tiempo para preparar sus aportaciones.
Asimismo, Zapico ha avanzado que el Ejecutivo sacará en abril a exposición pública el documento de avance de las directrices que regularán la instalación de parques de baterías en el Principado.
El consejero ha explicado que su departamento trabaja en coordinación con la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para elaborar este marco regulador con el objetivo de ordenar la implantación de estas infraestructuras vinculadas a la transición energética.
Según ha indicado, la finalidad es regular su instalación “con sentido común”, garantizando que el desarrollo de estas instalaciones energéticas sea compatible con el territorio y evitando que la transición energética suponga un impacto negativo para las personas que viven en el medio rural.


