Zapico asegura que 2026 será el año de la consolidación del 'Modelo vivienda Asturias', referente ya a nivel estatal
- El presupuesto permitirá ampliar las previsiones e iniciar mil viviendas más de alquiler asequible para la clase trabajadora
- El titular de Ordenación de Territorio subraya la buena acogida del programa Alquilámoste: ya se han inscrito 186 peticionarios y registrado 17 inmuebles
- La viceconsejera de Derechos Ciudadanos asegura que el próximo ejercicio se desarrollarán las leyes de Participación Ciudadana y LGTBI, al tiempo que se pondrá en marcha el Consejo de Trasparencia

Ovidio Zapico ha anunciado hoy en la Junta General que 2026 será el año de la consolidación del modelo de política de vivienda del Gobierno de Asturias, que se ha convertido en un referente a nivel estatal. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos también ha asegurado que el Principado será la primera comunidad que dedicará recursos del Fondo de Transición Justa (FTJ) a la construcción de pisos públicos.
Zapico ha presentado en la Cámara los presupuestos de su departamento para 2026. Antes de entrar al detalle, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado por las fuerzas de la izquierda, que garantiza desde el inicio su aprobación: “Antes de que el proyecto llegase a la Junta General ya había una mayoría suficiente”, ha destacado. A su juicio, este hecho “garantiza seguridad a la ciudadanía y da estabilidad”, además de representar “un escenario inédito en los últimos diez años”.
El consejero se ha centrado en las cuentas de su departamento, que considera “previsibles y progresistas” y que mantienen el crecimiento de recursos experimentado durante la legislatura: “Empezamos con 113 millones en nuestro presupuesto. Hoy nos falta ya muy poco para llegar a los 220”. “Los números tienen color político, respaldan objetivos políticos”, ha asegurado.
Un derecho, no un negocio
Las políticas de vivienda han protagonizado el grueso de su intervención. El consejero ha sido tajante en la defensa del modelo del Principado: “En 2024 recuperamos el pulso en las políticas de vivienda. En 2025, el modelo vivienda Asturias es ya un referente en el panorama nacional y 2026 será el año de su consolidación”.
En este sentido, ha contrapuesto la defensa de la vivienda como derecho frente a la visión del mercado, movido por interés económicos y claramente especulativo: “Frente a la especulación, la vivienda como derecho”, ha sentenciado.
Zapico, que ha calificado las políticas de vivienda como la “gran prioridad del presupuesto”, ha apuntado cuatro ejes de actuación: más vivienda pública, mejor vivienda pública, vivienda privada más eficiente, y más ayudas para arrendatarios y arrendadores.
En lo que se refiere al aumento del parque público, ha anunciado que la consejería destinará “casi el 80% de la inversión productiva a vivienda”, con el objetivo de que “2026 sea el año en el que iniciemos el desarrollo de mil pisos destinados al alquiler asequible para la clase trabajadora”.
Estas actuaciones se desplegarán por toda Asturias —Avilés, San Martín del Rey Aurelio, Morcín, Oviedo, Ribadesella, Parres, Villaviciosa, Cabrales, Piloña, Muros de Nalón, Navia, Salas, Illas, Allande, Peñamellera Alta, Boal o Gijón— en el marco de acuerdos con ayuntamientos de distinto signo político. Estas actuaciones se sumarán a las 574 viviendas que ya se están construyendo.
Zapico ha recordado que este impulso se logra con una capacidad técnica reforzada, financiación estable y acceso a fondos europeos, incluidos los de transición justa. De hecho, Asturias será la primera comunidad que levantará vivienda pública con dichos recursos; por ejemplo, en San Martín del Rey Aurelio y Avilés.
Los presupuestos incluyen seis millones para la reparación de viviendas de Vipasa, uno más que en 2024; 51 millones para rehabilitación y eficiencia energética en fachadas, lo que supone 26 millones adicionales respecto al año en curso; 15 millones ya abonados en ayudas al alquiler y un millón para compensar a arrendadores con inquilinos vulnerables.
Durante sus explicaciones, Zapico ha destacado la buena acogida que ha merecido el programa Alquilámoste: en las escasas semanas que lleva en marcha, ya hay 186 inquilinos solicitantes y se han ofrecido 17 viviendas (cinco en Gijón, cinco en Oviedo, tres en Siero, dos en Langreo, una en Avilés y una en Gozón).
Por otra parte, ha adelantado que están próximos a finalizar los expedientes necesarios para declarar 16 zonas tensionadas, que serán remitidos al Ministerio de Vivienda, También ha anunciado la inminente aprobación de la primera Ley de Vivienda de Asturias, que reforzará jurídicamente este modelo propio.
Zapico ha destacado que el presupuesto reserva “un espacio para la solidaridad”, con 100.000 euros destinados a la reconstrucción de vivienda en Gaza para mujeres, infancia y personas con discapacidad. Además, ha expresado su deseo de que el pacto alcanzado por la izquierda se mantenga para los presupuestos de 2027 y permita la aprobación de las leyes de Vivienda y LGTBI.
Memoria democrática y defensa del litoral
Zapico ha subrayado el refuerzo de las políticas de Memoria Democrática, cuyas partidas “multiplican por tres” las de 2024 para continuar “saldando una deuda histórica” con las víctimas del franquismo y sus familias.
En el ámbito del Urbanismo, ha destacado actuaciones como la senda del Puntal (Villaviciosa), la senda en Vistalegre (Colunga) y el Parque Playa de Verdicio (Gozón), que contará con una inversión que supera los dos millones.
El consejero ha reafirmado, además, el compromiso con la protección de la costa a través del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), un instrumento “incuestionable e innegociable”, porque “supone protección frente a la especulación”, que culminará con su desarrollo completo y con la elaboración del Plan Especial de Campamentos de Turismo Costero.
El apoyo a los ayuntamientos en la planificación urbanística también aumentará con sendas partidas de 300.000 euros para elaborar o modificar planes de ordenación.
Además, se destinarán 3,7 millones a la reserva industrial de El Puente, en Langreo, y se consolida el papel estratégico de Sedes. “Hay futuro para Sedes: nuestro objetivo es convertirla en una herramienta de políticas públicas, una empresa cien por cien pública” frente a quienes pretendían su cierre, ha señalado.
Viceconsejería de Derechos Ciudadanos
La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha defendido los presupuestos de su área, que ascienden a 14,17 millones, un 31,98% más que el ejercicio actual.
González ha destacado que estas cuentas mantienen el rumbo marcado desde 2023 y sitúan la defensa de los derechos humanos como eje central de las políticas públicas: “Son las herramientas para combatir las desigualdades, fortalecer la democracia y ampliar las libertades reales de la ciudadanía”.
En materia de Memoria Democrática, el presupuesto permitirá continuar con la localización de fosas comunes en colaboración con la Universidad de Oviedo, la digitalización de los expedientes del Archivo Intermedio Militar del Noroeste, en el Ferrol, y la elaboración del catálogo de vestigios, además de impulsar el análisis genético de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la declaración de lugares de memoria democrática.
La Agenda 2030 apostará por la cooperación con los ayuntamientos para combatir la emergencia climática y apoyar proyectos que reduzcan desigualdades y fomenten la inclusión social.
González también ha señalado el impulso a la participación ciudadana y la protección de los derechos LGTBI, mediante el desarrollo de las futuras leyes de Participación Ciudadana y LGTBI y proyectos como Participación contra el acoso, así como la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y la Oficina Anticorrupción.
En cuanto a Juventud, se incrementarán las ayudas para obtener el permiso de conducir, comenzarán las obras del albergue de Bustiello y se crearán nuevos espacios juveniles en los municipios, junto a una cátedra para apoyar los planes integrales de juventud.
Finalmente, en Consumo se reforzará la defensa de las personas con campañas informativas y una mayor colaboración con las oficinas municipales de información al consumidor.



