Zapico apela al acuerdo municipal para aprovechar la “oportunidad única” de invertir 20 millones en el barrio langreano de El Puente

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado hoy en la Junta General la importancia del proyecto de transformación del barrio de El Puente, en Langreo, que cuenta con una inversión de hasta 20 millones, y ha apelado al acuerdo municipal para aprovechar “una oportunidad única” de regeneración urbana. 

Zapico ha afirmado que la situación de El Puente “no es nueva”, sino que responde a “muchísimos años de abandono por parte de diferentes administraciones”, y ha recordado que este barrio ha sufrido actuaciones como la del soterramiento ferroviario y su posterior urbanización, y que los avances actuales son fruto de “muchas luchas vecinales e institucionales”.

Asimismo, ha defendido que el Gobierno de Asturias asume ahora “una responsabilidad ética y moral” para actuar en este espacio, que considera estratégicamente situado y con potencial para convertirse en “el corazón de la gran ciudad que forman Sama y La Felguera”. En este contexto, ha destacado el plan de inversión que comenzará este año con 3,7 millones, continuará el próximo ejercicio y se extenderá durante varios años hasta alcanzar los 20 millones.

El consejero ha calificado esta iniciativa como “una oportunidad única” y ha advertido de que sería “una pena que Langreo perdiese este tren”, si bien ha recalcado que la decisión final corresponde al ayuntamiento. “El objetivo es claro: la regeneración urbana del barrio, que tenga dignidad y futuro”, ha señalado. Asimismo, ha destacado que el proceso se está desarrollando con diálogo con el consistorio y los vecinos, incluyendo reuniones técnicas, asambleas vecinales y encuentros directos con el vecindario. El desarrollo requerirá análisis técnicos, jurídicos y sociales y la clave será el consenso municipal.

Garantías frente a desahucios

Zapico se ha referido también en la Junta al problema de los desahucios y ha garantizado que “nadie será desahuciado de una vivienda pública por motivos económicos”. Según ha asegurado, las personas que acrediten voluntad de pago y colaboración con la Administración, aunque su capacidad económica sea limitada, mantendrán su vivienda. Ha recordado, además, que el Principado prioriza el acompañamiento social y la búsqueda de soluciones adaptadas a cada situación, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

El consejero ha advertido del posible impacto que tendría la no convalidación en el Congreso de las medidas estatales de protección frente a desahucios, lo que podría afectar especialmente al mercado de vivienda privada. Ha recordado que las personas en riesgo de desahucio deben acudir en primer lugar a los servicios sociales municipales, que actúan como puerta de entrada al sistema de protección. A partir de ahí, se activa un procedimiento que, en situaciones de urgencia o emergencia, puede culminar con la adjudicación de una vivienda pública por parte del Principado.

Gestión del parque público

Respecto a la empresa pública Vipasa, el consejero ha informado del proceso de selección de su nueva gerente, Marta Pulgar, que se ha desarrollado con “publicidad, concurrencia y evaluación objetiva de candidaturas”, conforme al marco jurídico propio de una empresa pública. Ha subrayado que, aunque estos procesos no se rigen por las normas de acceso a la función pública, sí deben garantizar principios como la transparencia, la adecuación al perfil del puesto y la concurrencia competitiva, tal y como ha sucedido en este caso.

La selección para el puesto partió de una convocatoria pública en la que se definieron los requisitos y criterios de valoración, y en la que se evaluaron distintas candidaturas atendiendo a aspectos como la formación, la experiencia profesional y el conocimiento del sector.

Como resultado, fue elegida Marta Pulgar, licenciada en Derecho y con trayectoria en el ámbito de la gestión pública y la vivienda en Asturias. El consejero ha defendido que su experiencia en el sector público “constituye un valor añadido” y aporta conocimiento institucional y capacidad de gestión. Zapico ha realizado un llamamiento a la responsabilidad en el debate público y advertido de que cuestionar de forma genérica los procesos de selección sin atender a sus garantías puede generar desconfianza injustificada en las instituciones.

Por otro lado, el consejero ha informado de que la deuda total por impagos de alquiler en viviendas del Principado y Vipasa ascendía a 2.253.358 euros el 31 de diciembre de 2025, lo que supone 190.000 euros menos que en 2023. Además, ha detallado que el Principado abonó en enero 39.430 euros en concepto de gastos de comunidad de viviendas, garajes y trasteros vacantes.

Autorizaciones temporales para el uso de garajes públicos

Respecto a las plazas de garaje sin uso, Zapico ha avanzado una propuesta para optimizar su aprovechamiento sin modificar su naturaleza jurídica como anejos vinculados a viviendas protegidas. El planteamiento consiste en permitir su uso mediante autorizaciones temporales, controladas y revocables, con una duración inicial de un año y un preaviso mínimo de un mes. Estas plazas se ofrecerán a precios por debajo del mercado, reforzando su función social y garantizando el control público. “No se trata de liberalizar ni privatizar, sino de una gestión pública, ordenada y transparente de recursos que hoy están infrautilizados”, ha concluido.