Ordenación de Territorio asegura que la futura Ley de Vivienda satisface la mayor parte de las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos valora el trabajo realizado por la Sindicatura de Cuentas en su informe sobre la promoción y gestión de los pisos protegidos durante 2023 y 2024 y considera sus recomendaciones una oportunidad para seguir fortaleciendo las políticas públicas en esta materia. Asimismo, ha destaca que buena parte de las observaciones recogidas en este documento encuentran ya respuesta en el proyecto de Ley de Vivienda del Principado, aprobado ya por el Consejo de Gobierno y en tramitación en la Junta General.

La Dirección General de Vivienda recuerda que muchas de las cuestiones planteadas por la Sindicatura ya fueron objeto de alegaciones durante la elaboración del informe provisional. En esas observaciones se señalaba la conveniencia de diferenciar entre posibles incumplimientos normativos y aspectos de carácter organizativo o tecnológico susceptibles de mejora.

En este sentido, la consejería considera que la principal conclusión del informe es la necesidad de culminar la aprobación de la Ley de Vivienda, que permitirá implantar por primera vez el Sistema Asturiano de Vivienda Protegida. Este nuevo modelo sustituirá el actual, basado en programas dispersos, por una estructura estable, permanente y planificada, e incorporará el Observatorio Asturiano de la Vivienda, nuevos registros públicos, un servicio de inspección con estructura propia y mecanismos permanentes de seguimiento, evaluación y control.

La consejería recuerda, además, que el informe de la Sindicatura fiscaliza los años 2023 y 2024, mientras que la nueva ley nace precisamente para corregir limitaciones estructurales detectadas durante ese periodo.

Asimismo, Vivienda quiere aclarar una de las cuestiones difundidas sobre el informe: la normativa vigente no exige la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida (Red Viva) para acceder a todas las viviendas protegidas. Este requisito únicamente resulta obligatorio para viviendas de protección oficial de promoción privada, mientras que las promovidas directamente por el Principado se adjudican conforme al Decreto 25/2013. En los supuestos de emergencia habitacional, el procedimiento se rige por la Ley 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Por ello, las adjudicaciones por emergencia habitacional, urgencia social o violencia de género se tramitan mediante procedimientos específicos previstos en la normativa y, en muchos casos, a propuesta de los servicios sociales municipales, sin necesidad de inscripción previa en Red Viva.

"La Sindicatura no está diciendo que sobren instrumentos; está recomendando precisamente crear los instrumentos que incorpora la Ley de Vivienda. Es decir, muchas de sus recomendaciones coinciden con el contenido del proyecto de ley cuya aprobación estamos impulsando", señalan fuentes de la consejería.

En definitiva, Vivienda reafirma su compromiso con el refuerzo de la planificación, la mejora de la información disponible y el avance hacia un sistema más integrado, transparente y evaluable. La futura Ley de Vivienda permitirá que Asturias disponga, por primera vez, de un verdadero Sistema Asturiano de Vivienda Protegida par dar respuesta estructural a buena parte de las recomendaciones formuladas por la Sindicatura de Cuentas.