El Gobierno de Asturias trabaja con el Ministerio de Transición Ecológica para la rectificación del deslinde de La Barquerina, en Villaviciosa
- La directora general de Urbanismo, Laura López, llama a la tranquilidad de los afectados, al tiempo que se marca como prioridad encontrar una solución
La Dirección General de Urbanismo ha iniciado un procedimiento administrativo ante una denuncia presentada por la Demarcación de Costas en Asturias sobre un solar de La Barquerina, en Villaviciosa, afectado por la servidumbre de protección, según la cartografía recogida en el plan especial vigente.
La directora general, Laura López, ha querido tranquilizar a las vecinas y vecinos afectados y ha asegurado que ya se está trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para buscar una solución.
Según el replanteo efectuado por técnicos del ministerio, la edificación invade la servidumbre a pesar de que las obras se ajustan escrupulosamente al plan especial. Este tipo de divergencias, ha aclarado López, no son algo infrecuente en planes antiguos, redactados sin los medios técnicos de los que se dispone actualmente para la georreferenciación, como advertía el propio informe de Costas al plan especial.
En cualquier caso, López ha insistido en que la prioridad es buscar una solución que permita desbloquear la situación, si bien ha aclarado que la decisión de rectificar el deslinde compete a Costas. En este sentido, ha añadido que su departamento está en contacto tanto con la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como con el Ayuntamiento de Villaviciosa para determinar la vía que conduzca al mejor y más rápido arreglo.
El origen de este conflicto radica en la denuncia del vigilante de Costas, recibida en la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos el pasado 5 de octubre, junto con el levantamiento topográfico de la zona en la que se considera que existe una afección parcial por la servidumbre de protección para la que se debería haber tramitado antes una autorización sectorial.