Derechos Ciudadanos advierte al Ayuntamiento de Gijón de que incumplir la Ley de Memoria Democrática puede suponer prevaricar

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos recuerda al Ayuntamiento de Gijón que el cumplimiento de la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la Recuperación de la Memoria Democrática en el Principado de Asturias es una obligación legal para todas las administraciones públicas. Asimismo, advierte de que ignorar o incumplir sus mandatos supone actuar al margen del ordenamiento jurídico vigente.

La consejería asegura que el artículo 48 de la norma obliga expresamente a las entidades locales a adoptar las medidas necesarias para retirar o eliminar elementos contrarios a la memoria democrática. Además, subraya que esta obligación se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas en defensa de su derecho al honor y a la dignidad. Este mandato legal no es potestativo ni depende de valoraciones políticas o ideológicas, sino que deriva directamente de una ley aprobada por el Parlamento asturiano y plenamente vigente. “Las administraciones públicas están sometidas a la ley y al derecho, exactamente igual que el resto de la ciudadanía”, asegura la consejería que dirige Ovidio Zapico.

El Principado indica, además, que se mantendrá vigilante para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Democrática en Asturias. La normativa habilita a la Administración autonómica a actuar de forma subsidiaria en caso de incumplimiento por parte de las entidades obligadas, con el objetivo de evitar la permanencia de elementos de exaltación franquista en espacios públicos o privados con proyección pública.

En aplicación de esta legislación, y tras la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, el consejero firmó el 5 de mayo la resolución que ordena a la Compañía de Jesús la retirada del memorial de Simancas. El elemento, inaugurado en 1958, está ubicado en la fachada del Colegio La Inmaculada Concepción de Gijón/Xixón, en la calle Hermanos Felgueroso, número 25. La resolución establece un plazo de cuatro meses para su retirada y advierte expresamente de la posible ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.

El expediente concluye que no concurren razones artísticas, arquitectónicas o patrimoniales que justifiquen una excepción. En este sentido, el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado ha constatado que el memorial no está declarado bien de interés cultural (BIC) ni figura en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

Asimismo, el Catálogo Urbanístico de Gijón atribuye protección integral únicamente al edificio de la iglesia, pero no al elemento escultórico objeto del expediente. El propio catálogo establece, además, que no quedan incluidas en la protección las intervenciones realizadas después de 1950, salvo en casos excepcionales de relevancia histórica debidamente acreditada.

La consejería insiste en que el cumplimiento de la legislación en materia de memoria democrática forma parte de las obligaciones inherentes al ejercicio de responsabilidades públicas. En este sentido, recuerda que el ordenamiento jurídico español considera prevaricación la adopción de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos o judiciales a sabiendas de su injusticia y de su contradicción con la ley.

El Gobierno de Asturias reafirma así su compromiso con las políticas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con la retirada de símbolos y elementos de exaltación de la dictadura franquista conforme a la legalidad democrática vigente.