Justicia invierte 800.000 euros para crear una sala de grandes catástrofes en el Instituto de Medicina Legal
- Las obras, que comenzarán a finales de año, incluyen también mejoras de eficiencia energética en el edificio
El Gobierno de Asturias invertirá 800.000 euros en la mejora de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Asturias para crear una sala de grandes catástrofes en el sótano que refuerce la respuesta ante situaciones de emergencia con múltiples víctimas. Las obras comenzarán a finales de año y finalizarán en 2027.
El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha anunciado hoy esta inversión en la primera jornada del encuentro de directores de los institutos de medicina legal de España, que se celebra en Oviedo/UViéu.
Según ha explicado Peláez, la sala de grandes catástrofes será una infraestructura clave para garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante situaciones de emergencia que requieren medios adecuados, planificación y capacidad de actuación. “Las mejoras también incluyen actuaciones en materia de eficiencia energética que permitirán modernizar el edificio y avanzar en la sostenibilidad”, ha destacado.
La creación de la sala se enmarca en el Plan de Infraestructuras Judiciales, que recoge inversiones por valor de casi 80 millones para el periodo 2024-2034. La programación incluye actuaciones ya culminadas y operativas, como el Palacio de Justicia de Langreo; otras en marcha, como la mejora de los juzgados de Cangas del Narcea, y proyectos que se iniciarán en breve, entre ellos, la sede judicial de Pravia, así como las de Lena y Grado.
El titular de Justicia también ha señalado el esfuerzo continuado para incrementar el personal del instituto, mediante el refuerzo de las unidades de valoración forense y los equipos psicosociales. “Tienen una función esencial en el abordaje de la violencia, en la atención a las víctimas y en el apoyo a los órganos judiciales”, ha valorado el consejero.
En la imagen, de izquierda a derecha, Verónica, Olles, directora general para la Eficiencia en el Servicio Público de Justicia; Gabriel Bernal, fiscal general de Asturias; Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos; Antonio Lorenzo, presidente de la Audiencia Provincial de Asturias; Laura Cambero, directora del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) ;y Rafael Ortega, subdirector adjunto de la jefatura de estudios del CEJ.