Urbanismo abrirá contactos con los sectores afectados por el decreto del litoral, con la protección de la costa como prioridad

La Dirección General de Urbanismo, dependiente de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, iniciará tras la Semana Santa una ronda de contactos con los distintos sectores y entidades que han presentado alegaciones al proyecto de decreto sobre la autorización de servicios en el litoral de Asturias, cuyo periodo de información pública finalizó el pasado lunes.

Durante este proceso, se han recibido 36 alegaciones de colectivos y administraciones muy diversos. Por un lado, han enviado sus propuestas representantes del sector hostelero, negocios vinculados al surf y organizaciones empresariales como Fade, Otea, la Asociación de Empresarios de Navia o la Asociación de Chiringuitos de Playa. También se han recibido desde los ayuntamientos de Caravia, Castrillón, Coaña, Llanes y Navia, así como de entidades ecologistas, asociaciones vecinales como Avall y organizaciones sociales como Aspaym.

El objetivo de la ronda de reuniones con todos estos organismos será analizar en detalle sus aportaciones y avanzar hacia una propuesta equilibrada en un ámbito especialmente delicado como el litoral, que cuenta con un régimen de especial protección. La consejería considera que existe margen para el acuerdo y que el diálogo con los sectores implicados permitirá mejorar el texto normativo.

El decreto en tramitación busca establecer un marco integral para la ordenación de los servicios en el litoral, tanto de temporada como permanentes, así como adaptar la normativa vigente desde 2013 a un contexto de creciente presión turística y nuevos usos.

Entre las principales novedades, el texto distingue por primera vez entre servicios de temporada en playas y servicios permanentes del litoral, fija condiciones homogéneas para su autorización y establece criterios objetivos de adjudicación, como el menor impacto ambiental, la accesibilidad o la ausencia de sanciones previas. Asimismo, se incorporan límites a la capacidad de los aparcamientos en las playas de mayor afluencia y se regulan usos hasta ahora sin ordenación específica, como las áreas de autocaravanas.

El nuevo decreto también amplía el periodo de actividad de los servicios de temporada, para adaptarlo a la realidad turística, y adelanta los plazos de solicitud para facilitar la planificación. Todo ello con el objetivo de compatibilizar el uso y disfrute de la costa con la protección de sus valores naturales, paisajísticos e identitarios.

En relación con algunos de los aspectos que han suscitado mayor atención mediática, la consejería aclara que la obligación de desmontaje de las instalaciones de temporada no es una novedad, ya que está recogida tanto en la normativa autonómica vigente como en la legislación estatal de costas. El nuevo texto refuerza este principio, al eliminar la excepcionalidad que permitía, previa justificación, mantener determinados servicios fuera de temporada, una figura que se ha utilizado de forma arbitraria e inadecuada en algunos casos.

El proyecto continuará ahora su tramitación administrativa, que incluye el análisis de las alegaciones, la solicitud de informes a otras consejerías y al Consejo Consultivo, y su posterior aprobación por parte del Consejo de Gobierno. La previsión es que la norma pueda publicarse en el Bopa en el tercer trimestre del año, por lo que su aplicación efectiva se producirá la próxima primavera, de cara a la temporada de 2027, y no este verano.

La dirección general reafirma así su compromiso con una ordenación del litoral que combine desarrollo, sostenibilidad y participación, con el fin de garantizar en última instancia la conservación de un espacio especialmente protegido.