Vivienda destaca que evitó desahucios en los pisos de la calle Río Piloña de GijónXixón y recuerda que la gestión corresponde a Casa 47

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos destaca la labor clave de intermediación que ha desarrollado la empresa pública Vipasa en relación con la situación del edificio situado en la calle Río Piloña, en el barrio de Contrueces, en Gijón/Xixón. Desde el inicio del conflicto, el Principado, a través de Vipasa, ha mantenido contacto permanente tanto con la propiedad como con las personas residentes, y ha ejercido un trabajo activo de mediación que ha permitido frenar en varias ocasiones los desahucios y ganar tiempo para la búsqueda de soluciones.

Esta actuación constante ha permitido mantener abierto un espacio de interlocución en un contexto de especial complejidad, que ha favorecido que se sigan explorando soluciones habitacionales y ha evitado la adopción de medidas irreversibles para las familias afectadas.

En este contexto, la consejería subraya que la responsabilidad sobre la gestión del inmueble corresponde actualmente a Casa 47, entidad estatal creada el pasado diciembre y dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Casa 47 asumió los activos inmobiliarios que gestionaba la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), antigua propietaria del edificio de Río Piloña.  

El conflicto tiene su origen en el periodo de transición e integración en el que los activos de Sareb pasaron a formar parte del parque público estatal gestionado por Casa 47, lo que generó incertidumbre administrativa y jurídica para los residentes. Por ello, la consejería insiste en que, una vez superada la fase inicial de transición, corresponde a la entidad estatal avanzar en la regularización de la situación de vecinos y vecinas del inmueble de Río Piloña.

El edificio cuenta con 39 viviendas, de las cuales 14 tienen contrato. En varios casos ya se han formalizado contratos de alquiler social o se han planteado propuestas en función de criterios de vulnerabilidad, mientras que en otros supuestos se estudian alternativas que permitan garantizar la estabilidad residencial.

Los problemas se produjeron a raíz de un procedimiento de ejecución hipotecaria y la posterior extinción de contratos de arrendamiento, lo que generó un escenario jurídico complejo para las familias residentes. Desde comienzos de 2025, se ha desarrollado un proceso de análisis y negociación en el que la intermediación pública ha sido esencial para ordenar la situación y canalizar soluciones.

Vivienda reafirma su compromiso de continuar trabajando, a través de Vipasa, como agente facilitador entre las partes implicadas, con el objetivo de avanzar hacia la regularización de la situación residencial de las familias. No obstante, recuerda que no puede interferir en la redacción de los contratos.