El Gobierno de Asturias impulsa la primera Ley de Puertos de su historia para modernizar la red y reforzar su papel en las villas marineras

El Consejo de Gobierno aprobará el lunes el proyecto de la primera Ley de Puertos de Asturias, una norma que permitirá ordenar y gestionar de forma integral la red de 24 puertos de titularidad autonómica y adaptarla a la realidad social actual.

El Principado pone fin así a un vacío legal histórico y actualiza la regulación para reforzar el papel de los puertos como soporte de la pesca profesional, especialmente de la flota artesanal. Además, incorpora nuevos instrumentos de planificación y gestión, mejora la protección ambiental y favorece una mayor integración de estos espacios en las villas marineras.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha destacado que «esta ley no solo cubre un vacío legal, sino que responde a la evolución que han vivido nuestros puertos. Hoy son espacios en los que conviven la actividad pesquera con usos deportivos, turísticos, comerciales, culturales y de ocio. Necesitamos una regulación que refleje esa realidad, se adapte a la escala y a las necesidades de nuestra red y nos dote de instrumentos específicos para planificar y gestionar mejor estas infraestructuras».

La norma parte de la transformación experimentada por los puertos en las últimas décadas. Aunque mantienen su función esencial como base de la actividad pesquera —especialmente de la flota artesanal—, han incorporado nuevos usos. La ley reconoce esta evolución y establece un marco que garantiza la convivencia entre todas estas actividades, al tiempo que preserva la función portuaria y asegura un desarrollo ordenado de cada instalación.

Asimismo, configura el Sistema Portuario del Principado como una red integrada, lo que permitirá planificar de forma conjunta las inversiones, optimizar los recursos, coordinar la gestión y adaptar las actuaciones a las necesidades específicas de cada puerto.

Al servicio de las villas marineras

La ley refuerza la relación entre los puertos y las villas marineras, donde estas infraestructuras son un elemento clave de la actividad económica, la identidad local y la vida cotidiana. Para ello, impulsa una mayor coordinación entre el Principado y los ayuntamientos.

El objetivo es favorecer su integración en los núcleos urbanos y su apertura a la ciudadanía, sin perder su función. La norma reconoce que los puertos han evolucionado junto con las localidades en las que se ubican y establece instrumentos para compatibilizar la actividad pesquera con el resto de usos y garantizar así un desarrollo equilibrado y ordenado .

Además, la ley regula por primera vez de manera sistemática todos los ámbitos de la actividad portuaria: la planificación y ejecución de infraestructuras, la gestión del dominio público, la prestación de servicios, la protección ambiental, la seguridad y el régimen sancionador.

Entre las principales novedades destaca la creación del Plan de Puertos del Principado, un instrumento estratégico que fijará las prioridades de inversión y las actuaciones previstas en cada instalación. Este plan también delimitará los espacios y usos de cada puerto.

Adaptación al cambio climático

La protección del medio ambiente es otro de los ejes centrales. El texto incorpora medidas para prevenir la contaminación, mejorar la gestión de residuos y regular las actividades con potencial impacto ambiental en el dominio público portuario.

Asimismo, la norma introduce criterios de adaptación al cambio climático. En este sentido, prevé la elaboración de estudios para evaluar los riesgos a los que se enfrenta cada puerto y planificar actuaciones que refuercen las infraestructuras frente al aumento de los temporales y otros fenómenos meteorológicos adversos.

En materia de seguridad,  refuerza los planes de emergencia y autoprotección y reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal del Servicio de Puertos que realiza labores de inspección y vigilancia, que tendrán capacidad para formular denuncias en el ejercicio de sus funciones.

También actualiza el sistema de prestación de servicios portuarios, diferenciando entre los servicios generales, gestionados directamente por la Administración, y los servicios específicos, que podrán prestarse en régimen de competencia.

Con esta iniciativa, Asturias contará por primera vez con una legislación portuaria propia que permitirá ordenar de forma integral la red de puertos autonómicos, mejorar su planificación y gestión, reforzar el apoyo a la pesca profesional y favorecer la integración de estas infraestructuras en las villas marineras para preservar su papel estratégico en el desarrollo económico y social del litoral asturiano.