El Gobierno de Asturias impulsa la primera Ley de Puertos para optimizar la gestión de estas infraestructuras e integrarlas en el tejido urbano y económico

El Gobierno de Asturias ha iniciado el período de información pública del anteproyecto de Ley de Puertos, la primera regulación autonómica que aborda de manera integral la ordenación y gestión de la red de 24 puertos de titularidad regional. Con esta iniciativa, se pone fin a un vacío legal histórico y se avanza hacia una gestión más eficiente gracias a una normativa ajustada a la escala y singularidad de estos espacios.

El texto reconoce el carácter multifuncional de los espacios portuarios en la realidad económica y urbana actual. Los puertos se han consolidado como agentes dinamizadores que albergan actividades económicas, deportivas y de ocio, entre otras. La norma, que se aborda con una visión integral, concibe el Sistema Portuario del Principado de Asturias como una red coordinada para optimizar recursos, mejorar la planificación y reforzar la cohesión territorial del litoral, así como para favorecer una gestión más eficiente y estratégica. 

Por primera vez, se regula de manera sistemática todo el ciclo de la actividad portuaria: desde la planificación y ejecución de infraestructuras hasta la gestión del dominio público, la prestación de servicios, la protección ambiental, la seguridad y el régimen sancionador.

En el campo de la planificación, la ley introduce instrumentos estratégicos como el Plan de Puertos del Principado, que definirá las prioridades, inversiones y modelo de desarrollo del sistema portuario, garantizando la coherencia con la adaptación de las infraestructuras al cambio climático. El documento también delimita los espacios y usos de cada puerto. Estos instrumentos garantizan una planificación coherente a largo plazo.

Evolución social y urbana 

El texto elaborado por el Gobierno de Asturias describe la evolución experimentada por los espacios portuarios en las últimas décadas: de recintos vinculados estrictamente a la actividad pesquera a espacios multifuncionales que integran diversas actividades y actúan como focos dinamizadores del entorno. En este sentido, la norma impulsa la compatibilidad entre distintos usos como el pesquero, naútico-deportivos, turísticos, comerciales o de ocio.

Los puertos son, por sí mismos, piezas estratégicas de la trama urbana, por lo que el anteproyecto de ley refuerza la cooperación entre el Principado y los ayuntamientos para afrontar de forma coordinada la planificación urbanística y promover la firma de convenios que favorezcan una mejor ordenación de espacios. De este modo, los puertos se conciben como espacios abiertos a la ciudadanía, con valor social, cultural y turístico.
 
Sostenibilidad y nuevo escenario climático

La sostenibilidad ambiental representa otro de los pilares de la norma. El texto establece medidas específicas en materia de prevención de la contaminación y gestión de residuos. Los planes interiores marítimos serán los instrumentos para regular las actividades que, en dominio público, puedan entrañar riesgo de contaminación. 

La necesaria resiliencia de las infraestructuras ante la nueva realidad climática también queda recogida, mediante la realización de estudios diagnósticos que determinan el nivel de riesgo y los efectos previsibles del clima sobre las diferentes instalaciones.

En el ámbito de la seguridad, el anteproyecto refuerza los planes de emergencia y autoprotección y otorga la consideración de agentes de la autoridad al personal sobre el terreno del Servicio de Puertos, con capacidad para formular denuncias. 

La norma también moderniza el modelo de prestación de servicios portuarios, diferenciando entre servicios generales, gestionados por la Administración, y específicos, que podrán prestarse en régimen de competencia.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) abre un plazo de veinte días hábiles, a contar a partir de mañana, para que cualquier persona física o jurídica pueda formular alegaciones, observaciones o sugerencias.