El proyecto de Ley de Infancia del Principado busca acompañar en la crianza, combatir la pobreza e impulsar la igualdad de oportunidades desde los primeros años

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha detallado hoy en la Junta General el contenido del proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, una norma con la que el Principado busca acompañar en la crianza, combatir la pobreza y la violencia e impulsar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida. “Es una norma abierta, con clara vocación de ejercicio de derechos, de prevención y de protección”, ha valorado.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 26 de enero el proyecto que ahora se debate en el parlamento y que consolida un sistema de protección integral y garantista para niños y niñas, al tiempo que blinda la condición de los menores como personas titulares de derechos. Entre esos derechos, se citan específicamente, entre otros, los de igualdad, educación, expresión, libertad de información, libertad ideológica, a la asociación y reunión, a la participación ciudadana y a la cultura, el ocio y el deporte.

La norma obliga a incorporar en todas las iniciativas legislativas un informe de impacto en la infancia y la adolescencia. También plantea la obligación de elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a estos colectivos en el que se definirán las políticas públicas para mejorar su calidad de vida.

El texto legislativo sustituye a la ley autonómica de Protección del Menor, que data de 1995 y se ha quedado obsoleta para responder a las necesidades actuales. Con la nueva norma se armonizará la legislación autonómica con la estatal, al tiempo que se reorganizará el sistema de protección y se crearán nuevos órganos de participación infantil.

“Es importante resaltar que la elaboración de la ley se inició con una consulta a niños, niñas y adolescentes en los foros de participación municipales, los centros de protección de menores, los centros escolares y las asociaciones juveniles. Por tanto, es una ley para niños, niñas y adolescentes que cuenta con ellos y ellas”, ha precisado la consejera durante su intervención.

En cuanto a los principios rectores del proyecto, figuran el interés superior de los menores, la consideración de la familia como el entorno más adecuado para su desarrollo, el fomento del buen trato, las perspectivas de género y discapacidad para el diseño de cualquier medida orientada a la infancia y adolescencia, la coordinación entre administraciones, la planificación y la confidencialidad.

Entre otras novedades, las personas con 16 años cumplidos podrán participar en la vida política del Principado a través de las iniciativas legislativas populares. Además, la norma plantea la creación el Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y Adolescencia y de los Consejos Municipales de Participación como órganos de consulta y colaboración.

Para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores, el texto fortalece la colaboración entre los servicios sociales, el sistema sanitario y la comunidad educativa, así como entre el Principado y los ayuntamientos. Igualmente, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.

El texto mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención y desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo. Asimismo, recoge de forma pormenorizada los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.

Respecto al acogimiento familiar, ordena las compensaciones económicas e incorpora otra novedad: la familia extensa y las personas allegadas recibirán formación específica para que puedan ofrecer la mejor atención a los menores. En relación con el acogimiento residencial, regula los programas de preparación para la vida independiente desde los 15 años, así como los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad.