Consumo eleva la presión sobre Aucalsa con un tercer requerimiento por el cobro íntegro del peaje del Huerna pese a las obras

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha enviado un tercer requerimiento formal a la empresa Aucalsa, en el marco de las actuaciones abiertas por la Dirección General de Consumo ante el mantenimiento del cobro íntegro del peaje del Huerna a pesar de las obras en marcha y las graves deficiencias que afectan desde hace meses a la circulación.

El nuevo requerimiento refuerza la posición del Principado, tras constatar que no procede suspender el procedimiento administrativo y que persisten circunstancias que afectan gravemente a la calidad del servicio prestado, entre ellas, las restricciones de velocidad, la reducción de carriles, la congestión del tráfico y la falta de información suficiente antes de acceder a la autopista.

El consejero, Ovidio Zapico, ha denunciado que la situación del Huerna resulta incompatible con un servicio de estas características. “Los coches están circulando en caravana por una autopista de peaje y eso es una vergüenza. ¿Quién no se siente violentado al pagar el peaje en su integridad por un servicio que no se está prestando en condiciones?”, se ha preguntado.

El escrito enviado a la concesionaria insiste en reclamar nueva documentación sobre la información trasladada a la Dirección General de Tráfico y reitera las cuestiones que siguen sin respuesta por parte de Aucalsa, entre ellas, la justificación para mantener e incluso aumentar el precio del peaje, la posibilidad de aplicar reducciones mientras duren las obras y la eventual devolución del importe a las personas afectadas.

Además, el Servicio de Inspección de Consumo deja claro que la información debe ser efectiva, inmediata y en tiempo real, y no limitarse a comunicaciones generales, dado que los conductores deben poder decidir con conocimiento de causa si optan por utilizar esta vía o recurrir a itinerarios alternativos.
Zapico ha reiterado que el Gobierno de Asturias “está con las personas usuarias y consumidoras” y que mantendrá la defensa de sus derechos ante una situación que se prolonga desde hace demasiado tiempo y genera un malestar plenamente justificado.

Finalmente, la Dirección General de Consumo ha recordado a la empresa que la obstrucción o negativa a facilitar información demandada por la Administración puede ser objeto de sanción.