Intervención del Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández

Gracias por haberme invitado a su asamblea. A pocas semanas de despedirme de la presidencia del Principado, hoy podría relatarles mi versión sobre lo que han sido estos siete años de gobierno para Asturias y en qué situación se encuentra ahora la comunidad para afrontar el futuro inmediato. No lo haré, me saltaré el balance. Seamos prácticos: al fin y al cabo, a estas alturas tanto ustedes como yo tenemos una opinión formada sobre lo acontecido y puede que coincida en todo, en parte o quizás en nada. Reconozco, reconozcamos, que el poder de mis palabras para modificar su juicio es limitado.

Pero estoy seguro, en cambio, de que compartimos idéntica preocupación por el porvenir. De eso sí voy a hablarles.

Creo, asimismo, que podemos asumir unánimemente un sencillo presupuesto como punto de partida: el crecimiento de Asturias va a depender del crecimiento de España y de algo más.

Centrándonos primero en el Estado, lo fácil y lo normal es acudir al Programa de Estabilidad enviado por el Gobierno a la UE el 30 de abril. Por cierto, llamaría a atención que este informe apenas haya ocupado alguna línea y ningún titular si no fuese porque la economía no ha formado parte del debate público y de la discusión política y mediática en los procesos electorales que acabamos de vivir.

En todo caso, permítanme leerles textualmente unos párrafos. El primero reza así:

“La evolución de la economía española en los últimos años refleja no sólo una elevada resistencia y una fuerte dinámica de recuperación, sino también cambios estructurales importantes que han reforzado su potencial de crecimiento a medio plazo al establecer un patrón de crecimiento más equilibrado y sostenible”.

Y sigue:

“En efecto, al contrario que en etapas anteriores, el crecimiento no se va a sustentar en fenómenos insostenibles (crecimiento excesivo del crédito, sobredimensionamiento del sector inmobiliario, déficit excesivo de balanza de pagos por cuenta corriente y necesidades de financiación frente al exterior), sino que cuenta con fundamentos más sólidos que explican que el crecimiento esté siendo rápido, duradero y compatible con un cuadro macroeconómico equilibrado”.

Y añade más:

“En el período 2011-2018, el déficit público se ha reducido en más de siete puntos del PIB. Casi la mitad del ajuste fiscal realizado en este período ha sido estructural, situándose España entre los países europeos que mayor consolidación fiscal han realizado”.

El Gobierno describe todo eso y termina garantizando a las instituciones europeas que continuará en la misma senda, manifestando “un indudable compromiso con la disciplina fiscal”.

Lo que quiero trasladarles con estas citas es que, más allá de la retórica política, el Gobierno de España contempla un escenario macroeconómico continuista en el que se estiman moderados incrementos del PIB que van del 2,2% en 2019 al 1,8% en 2022 y que, aun así, han sido puestos en duda por la Comisión.

Tengamos en cuenta, por otra parte, que las incertidumbres geopolíticas y el avance del proteccionismo amenazan las exportaciones españolas y muchas empresas con capacidad de financiación mantienen su nivel de inversión inferior al de equilibrio, a la espera de despejar incertidumbres. Conviene recordarlo porque España es hoy una economía abierta que vende al exterior el 34% de lo que produce. Más que Francia, Italia, el Reino Unido, Estados Unidos o Japón (y menos, eso sí, que Alemania), lo que da una idea aproximada de su potencialidad y, también, de su fragilidad. Un país, también hay que anotarlo, que con un desembolso público de unos 440.000 millones de euros destina más de 140.000 a pensiones y unos 70.000 a la sanidad pública, dos partidas que sumadas han crecido en diez años casi 50.000 millones de euros.

A grandes trazos, es el retrato de España. Si a ese país le va bien, y el plan del Gobierno remitido a Bruselas prevé que le irá razonablemente bien, Asturias debería ir bien, igualmente. Sin embargo, la pregunta de fondo siempre es comparativa: remite al conjunto de España y nuestro potencial de crecimiento endógeno en comparación con otras comunidades. Es decir, a si disponemos de más recursos para investigar e innovar, si nuestro nivel educativo es más alto, si nuestras comunicaciones son más eficientes, si nuestro mercado de trabajo es más dinámico, si nuestra estructura demográfica impulsa más la demanda interna, si nuestras empresas tienen más dimensión o si contamos con una productividad mayor y un coste laboral unitario menor.

Expresada de otra manera, la cuestión es en qué medida podemos estimular un crecimiento inclusivo apoyado en la productividad, la calidad de la gestión empresarial, el clima laboral y la dimensión empresarial.

Pues bien, hasta ahí resulta fácil argumentar. El problema estriba en que no está escrito cómo vamos a anticiparnos a los riesgos futuros que ponen en peligro esos objetivos de desarrollo y estabilidad.

No incluiré la cuestión demográfica y sus eventuales soluciones entre los cambios que se resolverán en los próximos años: las tendencias poblacionales no se alteran radicalmente en el medio plazo, así que los desafíos económicos tendremos que abordarlos en un período en el que ni la Asturias envejecida va a rejuvenecer ni la Asturias vacía se va a llenar.

Si afirmo esto es simplemente porque creo que la cuestión política fundamental depende menos de los ideales y los imaginarios que de la concepción que tengamos de lo real, y lo real a muy corto plazo se centra en dos amenazas que conviene disipar: el riesgo de desindustrialización y el peligro de deriva competitiva del nuevo sistema de financiación.

Vayamos por partes. Sobre el primer asunto se ha hablado mucho desde que en 2011 Houellebecq describiese en El mapa y el territorio el relato distópico de una Francia desindustrializada convertida en un parque temático, una autopsia melancólica del fin de la era industrial en una Europa que, abierta a los cuatro vientos de la globalización, recurre al turismo como única posibilidad de supervivencia. ¿Les suena la imagen? En aquel momento, el comercio mundial se había colocado en el centro mismo del debate político. Desde entonces, hemos tenido que asumir que la gente lucha por lo mejor de los dos mundos que están compitiendo entre sí: por beneficiarse de la globalización, de las comunicaciones, de los vuelos baratos, de los nuevos bienes y de las nuevas oportunidades, pero sin que desaparezcan sus empleos, sin que peligren sus comunidades y sin que cambien sus valores tradicionales.

Ahora, menos de una década después, debemos aceptar que se ha recreado una encrucijada climática que no tiene salida fácil y que genera conflictos entre los países desarrollados y los que no lo están, entre empresas tradicionales y otras nuevas y entre cohortes generacionales con distintos valores. Es decir, si en el marco del comercio mundial ya vivíamos una competición fiscal y social entre Estados, ahora le hemos añadido una disputa ambiental en la que los más responsables llevan todas las de perder.

Defender el statu quo en el calentamiento global sería desastroso y también sería inmoral. Apuntarse a la lucha contra el calentamiento es defender el futuro, pero los defensores del futuro no son quienes le niegan su complejidad; quienes olvidan que si los beneficios del combate contra el cambio climático son globales y a largo, los costes son locales y a corto; quienes promueven políticas que desplazan la producción hacia países socialmente menos responsables sin ningún beneficio ambiental significativo o quienes plantean un debate maniqueo y falso entre defensores de lo viejo y partidarios de lo nuevo, entre valedores del futuro y guardianes del presente.

El conflicto de intereses afecta a todos. Los productores de tecnologías limpias quieren que su uso sea obligatorio para garantizarse el mercado; los propietarios de instalaciones, rentabilizar lo mejor posible la inversión; las empresas de redes eléctricas, instalar más tendidos para evacuar la energía renovable; los dueños de las térmicas tradicionales, evitar la competencia de las tecnologías limpias… Pero en ese debate nunca o casi nunca comparece el coste para el consumidor, el coste para el contribuyente y el coste para la actividad industrial.

Asturias y su industria son muy vulnerables a esta cuestión. Y lo son tanto por las emisiones directas de dióxido de carbono como por su sensibilidad al precio de un kilovatio hora que en España es, con certeza, uno de los más distorsionados, tanto por las subvenciones cruzadas como por los cinco hechos imponibles que le atribuye nuestro sistema fiscal. Por eso necesitamos un ritmo de sustitución de las energías fósiles que permita la combinación económicamente más eficiente y socialmente menos costosa.

Podría reforzar esta advertencia con detalles, enumerar casos y empresas concretas para demostrar que no hablo de un mundo hipotético y lejano, sino de una realidad que es hoy la horma que más condiciona nuestro futuro industrial. No es necesario. Cuando viajen por el centro de Asturias, recorran la comarca de Avilés o se acerquen a Gijón, cuando pasen por cualquier zona fabril, fíjense en lo que tienen a la vista. Eso es lo que está en juego. Puede que en términos políticos y sociales aún estemos a las puertas del debate; económica e industrialmente, ya estamos metidos de lleno y con una celeridad que mutará de modo irreversible el modelo productivo A veces temo que en este caso el debate público va muy por detrás de la transformación real. Eso explicaría que cuando la sociedad se da cuenta de que su viejo y conocido mundo ha desaparecido se sienta desasistida, abandonada en un tiempo que ya no es el suyo y reaccione con la violenta desesperanza de los chalecos amarillos de Francia. Por eso el control de los tiempos, un tiempo pautado que evite esa quiebra drástica que deje atrás a territorios, empresas y personas es tan importante en este asunto.

La otra cuestión crucial es, a mi juicio, el sistema de financiación que surja de una negociación tan inminente como difícil (por cierto, que el Plan de Estabilidad lo considera un objetivo preferente en cuanto se forme un gobierno estable). Muchas veces he dicho que la financiación es angular en los Estados de corte federal. En todos ellos existen voces que reivindican el abandono del cooperativismo y la solidaridad para proponer la competición fiscal entre territorios, propiciando el voto con los pies y profundizando en la brecha entre comunidades ricas y pobres. Esa pulsión también se da en nuestro país. Lo peculiar del federalismo español es que, al entremezclarse con las exigencias de reconocimiento nacional, surgen otras voces que plantean un dualismo que no deslinda lo económico de lo cultural, introduce una permanente tensión dialéctica en lo institucional y propone límites a la solidaridad interterritorial.

El nuevo sistema no debe descansar en las capacidades fiscales, sino en las necesidades de gasto. Tampoco debería asumirse un aumento de la capacidad normativa que incremente la corresponsabilidad fiscal, por inocua que suene. Conviene reflexionar que tras términos tan aparentemente neutros como el “ensanchamiento fiscal autonómico”, que puede permitir al conjunto de las comunidades financiar un aumento del 1% del gasto con una subida del 2,6% de sus propios tributos, se esconde la realidad que las de menor renta por habitante pueden llegar a necesitar ocho puntos porcentuales de mayor presión fiscal para financiar un punto de incremento de la capacidad de gasto.

En fin, se trata de dos problemas distintos, ambos determinantes para Asturias. El núcleo de lo controvertido de la lucha contra el cambio climático consiste en el hecho de que muchos actores económicos no internacionalizan los daños que causan a otros cuando emiten gases de efecto invernadero, lo que genera una fuerte incitación al blanqueo ecológico, una práctica consistente en aparecer mucho más verde de lo que se es.

Combatir el calentamiento global es un imperativo moral y una fuente de oportunidades, sin duda, pero el entusiasmo, la falta de paciencia o la presión ideológica puede llevar a un sobreesfuerzo a la actual generación y condicionar gravemente el bienestar económico y social de determinados territorios, como Asturias.

En cuanto a la financiación, sólo tres puntualizaciones que conviene tener presentes:

   - Existe una independencia formal entre autonomía y solidaridad; por tanto, el compromiso entre ambos valores puede hacerse a cualquier nivel que resulte políticamente satisfactorio.
   - Permitir que el volumen total de financiación correspondiente a cada territorio dependa no solamente de factores de coste, sino también del nivel de renta, debilita la garantía constitucional de igualdad.
   - Las diferencias culturales, lingüísticas e institucionales no pueden traducirse en diferentes derechos políticos, económicos o sociales, porque se afectaría al núcleo mismo del sistema democrático.

Asturias es, insisto, muy vulnerable ante estos dos desafíos, y aunque sea muy difícil articular la pugna entre lo local y lo global o el conflicto entre la autonomía y la solidaridad, ninguno de nosotros, y menos los políticos, estamos exentos ni de la lealtad ante los nuestros ni de la responsabilidad frente a los demás.

Ahora bien, nuestra gente es nuestra prioridad. Todos somos de algún lugar y cuando tomamos decisiones morales o políticas (y estas incluyen las dos cosas) ese lugar tiene que influir necesariamente en nosotros.

Se lo digo a ustedes, que representan la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), y que también son, como cualquiera, de un lugar y de un tiempo. Siéntanse involucrados ante esta realidad y estos desafíos. Soy de los que piensan que la fortaleza de una sociedad no se evalúa sólo por el cálculo del PIB o la extensión territorial, sino también por otros indicadores que raramente aparecen en alguna estadística, como la robustez de sus agentes sociales y la capacidad para cohesionarse en la defensa de los intereses de su comunidad. Una organización empresarial fuerte, que mira más allá de los intereses particulares de sus miembros y se compromete con su lugar y su momento –en este caso, con Asturias y sus desafíos-, siempre será un activo para ganar nuestro futuro. Les animo a continuar avanzando en ese camino. Animo a su presidente, Belarmino Feito, a su junta directiva y a todo el empresariado asturiano.

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