El Ejecutivo insta a los grupos parlamentarios a mantener el consenso para defender una reforma de la financiación autonómica que beneficie a Asturias

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha reafirmado hoy en la Junta General la decisión del Gobierno de Asturias de oponerse a cualquier modelo de financiación autonómica que vaya en contra de los intereses del Principado. 

Peláez, que ha intervenido en el pleno extraordinario celebrado en el Parlamento sobre la reforma del actual sistema propuesto por el Gobierno central, ha insistido en que el Ejecutivo tiene como hoja de ruta el acuerdo firmado por los grupos parlamentarios de la Junta y la Declaración de Santiago suscrita por ocho comunidades, los dos documentos de referencia del Principado en este asunto. 

El titular de Hacienda también ha realizado un llamamiento al consenso, al diálogo y al interés general, porque cuando "hablamos de financiación autonómica no estamos hablando del gobierno de turno ni de la oposición de turno, estamos hablando del futuro de nuestros servicios públicos, estamos hablando del futuro de Asturias", ha asegurado.

 

** A continuación se reproduce la intervención íntegra del consejero de Hacienda.

 

Pleno extraordinario de la Junta General sobre financiación autonómica 

 

Comparezco hoy ante este pleno para fijar con claridad, con serenidad y con firmeza la posición del Gobierno del Principado de Asturias ante la apertura del debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Un debate necesario, largamente aplazado, pero que no puede ni debe de ninguna forma abordarse desde el ruido, ni desde la simplificación interesada, ni desde luego desde la confrontación partidista. Porque cuando hablamos de financiación autonómica no hablamos de una cuestión meramente técnica ni de una cuestión coyuntural.

Hablamos de la capacidad real de Asturias para garantizar derechos, para sostener servicios públicos y para ejercer su autogobierno en condiciones de igualdad al resto de comunidades autónomas. Y Asturias llega a este debate de la financiación autonómica con una posición de fortaleza política, porque llega con una posición construida, coherente y compartida. Asturias no llega improvisando, no llega reaccionando a titulares, ni llega arrastrada por la confrontación partidista.

Llega con los deberes hechos, con una hoja de ruta clara y con una unidad política, hasta el momento por lo menos poco habitual en debates de esta naturaleza. Y esta unidad tiene un origen muy claro, que es el liderazgo del presidente Adrián Barbón, que entendió desde el inicio que la financiación autonómica en ningún caso podía convertirse en un espacio de batalla interna, sino en un espacio de acuerdo y de defensa común de los intereses de Asturias. Fruto de ese liderazgo de Adrián Barbón es el acuerdo de la mesa de financiación autonómica firmado el 5 de junio del año 2020.

Un acuerdo amplio, transversal, solo contó con el rechazo de la extrema derecha, alcanzado tras meses de trabajo con los grupos parlamentarios de esta Cámara, que fijó los principios esenciales que para Asturias debía tener la reforma del sistema de financiación autonómica. Ese acuerdo no fue coyuntural, no respondía a una necesidad eventual, nació con vocación de permanencia, como un mandato político estable para el Gobierno del Principado, con independencia de los vaivenes, del debate estatal o de la aritmética parlamentaria del momento. Y la prueba de esa vocación de permanencia es que el Gobierno del Principado de Asturias impulsó también que ese acuerdo fuera nuevamente ratificado el año pasado por todas las fuerzas políticas, volviendo a contar nuevamente en este caso con el rechazo de Vox.

Y Asturias no se quedó ahí, el presidente Adrián Barbón no se quedó ahí, y en la defensa de los intereses de Asturias hizo que ese consenso interno se proyectara también fuera a través de la declaración de Santiago, suscrita en noviembre de 2021 por ocho comunidades autónomas que comparten características demográficas y territoriales similares. Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, junto con Asturias, demostraron que este debate trasciende los colores políticos y que existen intereses territoriales compartidos que se pueden defender de una manera conjunta. Estos dos acuerdos constituyen hoy la hoja de ruta del Principado de Asturias.

No son documentos decorativos ni referentes retóricos, son compromisos políticos asumidos ante esta Cámara y ante otras comunidades autónomas. ¿Y qué dicen esos acuerdos? Pues que Asturias apuesta por un modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el coste efectivo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, con el objetivo de garantizar una financiación que permita prestar esos servicios públicos en un plano de igualdad y de equidad en todo el territorio. Asturias, por tanto, defiende un modelo de financiación basado en las necesidades reales de gasto y no en la riqueza de los territorios.

Un modelo que ponga el foco en las personas y no en los territorios y que garantice la suficiencia financiera para garantizar y sostener la sanidad, la educación, los servicios sociales y que tenga en cuenta, por tanto, factores estructurales que inciden directamente en el coste de la prestación de esos servicios públicos. En definitiva, un sistema que atienda, como decía, a las necesidades reales y no a la capacidad fiscal de los territorios para garantizar los recursos necesarios para prestar servicios públicos en un plano de equidad en toda España. Por tanto, esto se tiene que materializar en un sistema que atienda las necesidades singulares de nuestra población, envejecimiento y sobreenvejecimiento, dispersión, orografía, y no solo al número de habitantes o, como decía antes, a la mera capacidad fiscal.

Y, por último, y no menos importante, que tenga en cuenta también factores que también inciden en el coste de los servicios públicos, como puede ser en el caso de comunidades autónomas como Asturias, en las economías de escala o los costes fijos. Y, como siempre decimos, la base del modelo es que los impuestos no los pagan los territorios, sino las personas, igual que los servicios públicos no los reciben los territorios, sino que los reciben las personas. Por ello, podemos afirmar que Asturias, bajo la presidencia de Adrián Barbón, hizo los deberes en materia de financiación autonómica.

Y esos dos acuerdos, como digo, comprometen a este gobierno y todas nuestras acciones están encaminadas no solo a respetarlos, sino a hacerlos valer. Desde esa posición de unidad y de coherencia, el Gobierno del Principado de Asturias ha actuado con responsabilidad desde el primer momento en el que el Ministerio de Hacienda anunció su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Porque responsabilidad significa, precisamente, no precipitarse, no hacer valoraciones apresuradas y no convertir un debate que es estructural en un intercambio de consignas partidistas, muchas de ellas dictadas allende nuestras fronteras.

Por eso, lo primero que hizo el Gobierno de Asturias, en cuanto se conoció esa propuesta, fue exigir que el debate se produjera en el marco institucional adecuado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Porque el sistema de financiación del régimen común afecta a todas las comunidades autónomas que forman parte de él. Y lo que afecta a todas debe abordarse entre todas con transparencia, con lealtad institucional y con voluntad de acuerdo.

Desde el primer momento, como digo, el Gobierno del Principado exigió la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para conocer de primera mano la propuesta del ministerio. Y así, exigimos también que esa propuesta fuera el punto de partida, es decir, el inicio de una negociación que desembocara en la necesaria reforma del modelo. A través, como decimos siempre, de un gran acuerdo multilateral en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El pasado 14 de enero se celebró ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asturias acudió a escuchar la concreta propuesta desde un aspecto técnico, pero también con la voluntad de expresar que para nosotros esto tenía que ser el principio del camino y el inicio de una negociación que desembocara en la reforma del modelo. A partir de ahí, el Gobierno del Principado de Asturias, por una parte, analizó la propuesta con rigor.

Un análisis técnico, detallado y responsable, centrado en el impacto real de la propuesta sobre Asturias. Y aquí quiero tener unas palabras de sincero agradecimiento a la directora general de Presupuestos y Finanzas, a María del Mar García Salgado, por su rigor técnico y su excelente trabajo en el análisis de la propuesta del ministerio. Mar es una de las personas que más sabe de financiación autonómica de toda España y, desde luego, es una suerte tenerla en nuestro equipo.

Solo después de ese riguroso análisis, el Consejo de Gobierno, el martes 20 de enero, fijó posición sobre la propuesta que lanzaba el Ministerio de Hacienda. Porque gobernar es analizar antes de decidir, para poder decidir con responsabilidad. Pero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio de Hacienda no solo expuso su propuesta, sino que abrió el campo a un diálogo multilateral con las comunidades autónomas, para que éstas hicieran aportaciones de cara a la reforma del modelo de financiación autonómica.

Por tanto, la propuesta que ha presentado el ministerio es ahora mismo ese primer paso del camino que pedimos desde el Principado de Asturias. Y conviene decirlo con claridad, cuando se abre una negociación, la responsabilidad de un Gobierno autonómico es, obviamente, negociar para hacer valer sus intereses. Porque negociar, como digo, es defender los intereses de Asturias, además en el foro adecuado, que es el foro multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y esa, como expresó tan gráficamente nuestro presidente, es la pantalla en la que nos encontramos ahora mismo. Y por ello espero, sinceramente, que esta Cámara respalde el diálogo del Gobierno del Principado de Asturias, siempre en el marco de los acuerdos a los que hacía referencia, con la aspiración de reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, para tener una financiación suficiente para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en un plano de igualdad en todo el territorio.

Y ahora vamos a analizar la propuesta que hizo el Ministerio de Hacienda y el marco en el que se produce esa propuesta.

Es evidente que todas las comunidades autónomas éramos coincidentes en la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica que llevaba caduco desde el año 2014, que lleva en vigor desde el año 2009. Y todas las comunidades autónomas entendíamos que esa reforma del modelo debía partir, primero, de un consenso, que es el de que todas las comunidades autónomas estamos infrafinanciadas para financiar los servicios públicos fundamentales, que son nuestras competencias, sanidad, educación y servicios sociales. Y que, en todo caso, la propuesta inicial debía partir del Ministerio de Hacienda.

Es decir, es imposible que las comunidades autónomas, las quince que componemos el régimen común, podamos elevar una propuesta porque todas estamos en nuestra posición de máximos y, por tanto, corresponde al Ministerio iniciar el debate de cara a la reforma presentando una propuesta. Ese era un consenso que había entre todas las comunidades autónomas. En este caso quiero hacer una crítica al Gobierno de Mariano Rajoy, que con mayoría absoluta eludió su responsabilidad de presentar esa propuesta como le pedían las comunidades autónomas.

Es el Gobierno progresista el que, en este caso, asume esa obligación, esa responsabilidad, esa reivindicación de las comunidades autónomas presentando esa propuesta. Pero es cierto, y no lo negamos, no lo negamos desde Asturias y lo denunciamos desde el minuto uno, la propuesta parte, y esto no lo podemos negar, de un acuerdo bilateral con una comunidad autónoma concreta, en este caso con Cataluña. Pero no nos engañemos en esta Cámara, no nos engañemos y seamos sinceros con nosotros mismos.

Esto ha sucedido así siempre. En 1993 se reformó a través de un acuerdo de Felipe González con CIU, en 2001 a través de un acuerdo de Aznar con CIU y en 2009 a través de un acuerdo de Zapatero con el tripartito en Cataluña. Y ahora sucede exactamente lo mismo.

Siempre se han impulsado las reformas del modelo de la misma forma. No obstante, esto no es óbice para que el Gobierno del Principado de Asturias no haya denunciado que esta propuesta parte de una negociación bilateral y, por tanto, reivindicamos que se abra esa negociación multilateral para que el resultado final del modelo sea, como digo, el resultado de una negociación multilateral, y eso es lo que salió del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, fuimos firmes en el cumplimiento de nuestros acuerdos reivindicando esa necesaria multilateralidad desde el minuto uno.

Esto no puede, y lo dijimos, no puede ni debe ser un contrato de adhesión y, por tanto, tenemos que abrir ese espacio de diálogo. Criticamos las formas y ahora vamos al fondo. 

El Gobierno de España, en este caso, asume que las comunidades autónomas están infrafinanciadas y, por tanto, propone inyectar 21.000 millones al modelo de financiación autonómica a través de la cesión del 5% del IRPF, más el 50 que ya teníamos, y del 6,5% adicional en IVA, aparte de inyectar otros recursos a través de transferencias.

Y lo más importante de la propuesta que hace el Gobierno de España, que es una reforma del régimen común con las mismas reglas para las quince comunidades autónomas, no hay ni rastro de un cupo o un concierto para Cataluña, y esto hay que dejarlo meridianamente claro. No quiero tener que recordarles lo que dijeron aquí en el pleno extraordinario de julio, dando por hecho cosas que, desde luego, no eran ciertas. Les advertimos que se estaban precipitando y ahora lo que tenemos es una propuesta de reforma del régimen común.

Ni rastro, como digo, de cupo o concierto para Cataluña, ni tampoco de fragmentación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es un modelo de régimen común que incluso algunos analistas y prestigiosos hacendistas, en su cuerpo general, valoran como positivo, porque introduce simplificación, introduce transparencia, introduce también un avance, por ejemplo, en las entregas a cuenta, con liquidaciones anticipadas o incluso la posibilidad de participar de la recaudación en tiempo real. Pero a nosotros lo que nos importa, desde el Gobierno del Principado de Asturias, es analizar esta propuesta en el marco de los compromisos a los que hacía referencia inicialmente.

Y en el marco de esos compromisos, la conclusión del Gobierno del Principado de Asturias es que la propuesta, en los términos en los que está planteada, no es aceptable. Por tanto, nosotros fijamos una posición, y es que la propuesta en estos términos contará con el voto negativo del Gobierno del Principado de Asturias. Por tanto, creo que la posición del Gobierno del Principado de Asturias es clara, es firme, es nítida en este sentido.

Y nosotros lo que queremos es, y aspiramos es, a que se reforme el modelo de financiación autonómica, porque esa es la necesidad que tienen todas y cada una de las comunidades autónomas. Y, por tanto, ante esa apertura de diálogo multilateral que hace el ministerio, el Principado de Asturias tiene la obligación y la responsabilidad de sentarse a negociar y a dialogar, para hacer valer sus acuerdos en materia de financiación y, por tanto, desembocar en una reforma del modelo que permita mejorar nuestro sistema de financiación. Y, en este sentido, queremos invitar a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a participar de ese diálogo, a que abandonen la estrategia partidista que marcan desde Génova y a pensar en sus territorios, en las necesidades de sus territorios.

Y el resultado de esa negociación, de ese diálogo que queremos iniciar y que esperamos cuente también con el respaldo de esta Cámara, aprovechando esa posición de base de consenso que ya tenemos, esperamos que desemboque una propuesta que satisfaga los intereses de Asturias. En cualquier caso, el resultado de esa negociación, si eventualmente modifica la propuesta que nos presentó el ministerio, será analizada por parte del Gobierno del Principado de Asturias, con el mismo rigor, con la misma objetividad y con la misma responsabilidad que lo hemos hecho con la propuesta inicial, y votaremos siempre pensando en los intereses de Asturias. Espero, y hago un llamamiento a esta Cámara y, concretamente, a las fuerzas políticas de la derecha, que entiendan la importancia y la gravedad del momento y que entiendan la necesidad de la unidad interna, más allá de cualquier otra consideración partidista, porque el debate de la financiación autonómica no es un debate de partidos, es un debate de territorios y, por tanto, es importante reafirmar la unidad del Principado de Asturias en esta hoja de ruta que traza el Gobierno y que viene, además, determinada por nuestros acuerdos y por nuestros compromisos previos.

Espero, por tanto, que no utilicen este pleno extraordinario para confrontar con el Gobierno del Principado de Asturias, porque conviene decirlo desde el principio, como decía, convertir la financiación autonómica en un instrumento de confrontación partidista le puede parecer buena idea a algunos, pero, desde luego, es una muy mala idea para Asturias. 

Por eso, desde esta tribuna quiero hacer un llamamiento al consenso, al diálogo y al interés general, porque cuando hablamos de financiación autonómica no estamos hablando del Gobierno de turno ni de la oposición de turno, estamos hablando del futuro de nuestros servicios públicos, estamos hablando del futuro de Asturias.

Muchas gracias.