La prórroga de las ayudas a las empresas electrointensivas facilita la actividad de la gran industria asturiana

El Gobierno de Asturias considera que el paquete de medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, entre las que figuran la prórroga de algunas de las normas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, son beneficiosas para el tejido productivo del Principado, en particular para la industria electrointensiva.

A la espera de su publicación en el BOE para realizar un análisis más detallado, ya se han hecho públicas las principales medidas que incorpora, como la prórroga, hasta final de año, de la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos de la que se benefician las empresas electrointensivas desde el 1 de enero de 2022.

Se trata de una medida que habíamos solicitado desde el Gobierno de Asturias y que consideramos muy positiva para la industria regional, pues el año pasado supuso un ahorro de unos 225 millones de euros. Esta decisión complementa otro tipo de ayudas a este sector como la compensación de cargos regulada en el vigente Estatuto del Consumidor Electrointensivo (con una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 91 millones) y la compensación de costes de emisiones indirectas de CO2, con una partida de 244 millones.

La directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, señala que “estas medidas son importantes en un contexto energético desfavorable en el que todavía nos encontramos y que genera mucha incertidumbre en el sector. Los precios de electricidad aún a están altos en comparación con la media histórica (en torno a 100 €/MWh)”.

Dentro del ámbito energético e industrial, el Consejo de Ministros también aprobó ayer una ampliación en seis meses adicionales de los plazos para la tramitación de plantas renovables y una mejora retributiva para la generación. En este caso, esta medida incrementará en 180 millones los ingresos regulados de las instalaciones renovables en 2023, a lo que se añaden otros 20 millones para las plantas de cogeneración a computar en el primer semestre de este año.

Asimismo, se declaran de utilidad pública todas las estaciones de recarga de vehículos eléctricos que tengan una potencia superior a 3 MW, eximiendo de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones por debajo de dicha potencia. Se trata de una medida de simplificación administrativa que fue solicitada por las comunidades autónomas y el sector en el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE).

Finalmente, el Gobierno central ha incorporado al paquete de medidas una nueva deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos con un máximo de 20.000 euros, que consideramos también muy positiva.