El plan de acceso a la vivienda que impulsan el Principado y el Gobierno central beneficiará a más de 42.700 familias en Asturias

El plan de acceso a la vivienda que impulsan el Principado y el Gobierno de España beneficiará a más de 42.700 personas en Asturias, tanto en ayudas al arrendamiento como para la mejora y rehabilitación de pisos y edificios. En total, el proyecto movilizará subvenciones por valor de 56,2 millones -que se suman a los 13,2 del bono alquiler joven- y ofrecerá empleo a más de 1.400 profesionales.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, y el director general de Vivienda, Fermín Bravo, han firmado hoy con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el convenio de colaboración que permitirá desarrollar el nuevo plan, que ejecutará en la comunidad diez programas hasta 2026, el triple que el anterior.

El Principado estima que, solo en el ámbito del arrendamiento privado, el plan generará actividad por valor de 81,5 millones en concepto de ingresos de las personas y entidades que alquilen sus viviendas. Esto supone que, entre las ayudas concedidas, el conjunto del parque público y las viviendas protegidas en alquiler, quedará cubierta con algún tipo de subvención el 56% de la oferta en arrendamiento de Asturias que, en total, suma cerca de 49.000 inmuebles.

Por otra parte, se calcula que el proyecto provocará un impacto económico de 91,5 millones en el sector de la construcción: 54 en el campo de la rehabilitación y 37,5 en ejecución de obra nueva.

Toda esta actividad permitirá crear más de 1.400 puestos de trabajo: 440 para afrontar las labores de construcción y 970 para tareas de rehabilitación edificatoria. A estas cifras se sumarían otros 80 empleos en el ámbito de la atención sociosanitaria, en la fase de seguimiento, a aquellos inquilinos de inmuebles que así lo precisen.  

Protección de la población más vulnerable

El nuevo plan, para el que la Administración General del Estado aporta 44,20 millones y el Principado 12,01, se caracteriza por blindar la protección a la población más vulnerable mediante ayudas al alquiler más eficaces. Estas subvenciones se concederán por dos años, las convocatorias estarán abiertas durante periodos más largos y los pagos serán periódicos.

También pretende favorecer la emancipación de la juventud, con subvenciones más elevadas para el arrendamiento e incluso con ayudas a la adquisición de inmuebles en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes. Asimismo, habilita una línea orientada a la mejora de la infravivienda en zonas rurales, lo que favorecerá la dinamización de estas áreas y contribuirá a fijar población

El proyecto implica igualmente avances en la accesibilidad. Así, las ayudas podrán solicitarse tanto para obras en edificios o en el interior de pisos como en viviendas unifamiliares.

Por otro lado, plantea novedades como el cohousing o las viviendas para mayores, que encajan en el nuevo modelo de atención a la dependencia y en el proceso de cambio hacia el futuro sistema residencial. En este sentido, incorpora ayudas a la promoción de inmuebles cuyo diseño, instalaciones y servicios respondan a las necesidades de personas mayores o con discapacidad. Estos edificios podrán ser de titularidad pública o privada, y de nueva edificación o rehabilitados, siempre que se destinen durante un plazo determinado al alquiler asequible, con rentas ajustadas y para arrendatarios con ingresos limitados.

*Con declaraciones de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.