El Observatorio de la Escuela Rural aprueba un plan cuatrienal de actuaciones para favorecer la estabilidad y la innovación

El pleno del Observatorio de la Escuela Rural de Asturias ha aprobado hoy un plan de actuación para los próximos cuatro años. El documento incluye, entre sus objetivos, la creación de una red intercentros y otra de asociaciones de madres y padres (AMPA), la posibilidad de que el profesorado interino pueda permanecer dos años en esos destinos o mejorar la innovación. La consejera de Educación, Lydia Espina, ha presidido en Luarca/L.luarca la última sesión ordinaria del presente curso.

El Observatorio –cuya actividad se retomó hace un año en Sariego-- constituye un órgano colegiado de asesoramiento y apoyo de la administración del Principado. Su finalidad es ofrecer propuestas generales para estructurar y consolidar un modelo educativo de la escuela rural asturiana.

Para ello, se fomenta la participación y la colaboración entre los agentes implicados en la educación y la formación en el medio rural. El pleno lo integran miembros de toda la comunidad escolar (profesorado, alumnado y familias), además de representantes sindicales, de la Universidad de Oviedo, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), el Instituto de la Mujer o del tercer sector.

El Observatorio ha delimitado los centros que se consideran escuela rural tomando como base el decreto fundacional. Son un total de 61 centros de enseñanza pertenecientes a 44 concejos: 22 Colegios Rurales Agrupados (CRA), 9 Colegios Públicos de Educación Básica (CPEB), 8 escuelas unitarias, 5 colegios públicos que imparten Secundaria y 17 colegios públicos de concejos por debajo de cinco mil habitantes y donde hayan promocionado menos de diez alumnos en los últimos seis años. El curso 2022/2023 ha tenido 3.550 estudiantes y 916 docentes.

De los 61 centros, 51 disponen de servicio de transporte escolar. Un total de 1.542 estudiantes utiliza alguna de las 177 rutas existentes.

El Observatorio depende de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas, que dirige María Elena Arango. En el primer pleno del curso escolar celebrado en Villamayor (Piloña), se nombró al director del CRA de Lena, Alejandro Collantes, como coordinador de los tres grupos de trabajo constituidos: Culturas, Políticas y Prácticas. Durante el segundo y tercer trimestre, esos grupos han mantenido varias reuniones telemáticas para elaborar propuestas pedagógicas innovadoras y adaptadas a las peculiaridades de estos colegios.

El plan de actuación aprobado hoy consta de nueve objetivos y establece un calendario para llevarlos a cabo durante los cuatro cursos académicos de la nueva legislatura autonómica.

La constitución de una red de centros rurales pretende fomentar el apoyo entre los equipos directivos y el profesorado. La idea es que puedan compartir experiencias, materiales y proyectos. Del mismo modo, se propone crear otra red de AMPA para programar actividades extraescolares y complementarias conjuntas y reforzar así la oferta cultural.

Otro objetivo consiste en favorecer la estabilidad de su profesorado para propiciar metodologías y proyectos innovadores. La intención sería utilizar lo establecido en el acuerdo de interinos para permitir la permanencia en un mismo destino durante dos años. El próximo curso se fijarían las bases y comenzaría a implantarse a partir del 2024/2025.

El documento establece la aplicación del Plan de Coeducación en las escuelas rurales, con formación específica impartida por los Centros de Profesores y Recursos y el Instituto Asturiano de la Mujer, que tenga en cuenta la singularidad de la zona rural.

También se proponen jornadas de convivencia escolar cada dos años; visibilizar las buenas prácticas de la escuela rural con unos encuentros de innovación, con la misma periodicidad; un programa intercentros de Job shadowing, que consiste en aprender mirando la labor de otros, o trabajar para reducir la brecha digital mediante la formación en pensamiento computacional.

Por último, el plan promoverá reuniones con los ayuntamientos que alberguen escuelas rurales para realizar un seguimiento de las infraestructuras. Para ello, se plantea formar a las direcciones de los centros y analizar cada dos años las inversiones reales realizadas.