El Gobierno del Principado destaca la solidez jurídica, el rigor y el amplio respaldo social a la solicitud de supresión del peaje del Huerna

El Gobierno de Asturias destaca la solidez jurídica, el rigor y el amplio respaldo a la solicitud de supresión del peaje del Huerna, una iniciativa institucional que responde a una reivindicación histórica y que ha logrado un consenso ampliamente compartido a nivel social, institucional y económico, articulado a través del manifiesto promovido por la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita.

La actuación del Ejecutivo autonómico se enmarca en una estrategia coherente, sostenida y plenamente fundamentada en derecho, orientada a la defensa de la igualdad territorial, la cohesión y el interés general de Asturias. Esta solicitud se ha materializado en una actuación formal y ajustada al ordenamiento jurídico: la solicitud, por parte del Consejo de Gobierno, de la revisión de oficio del Real Decreto 392/2000, por el que se amplió la concesión de la autopista AP-66 hasta el año 2050.

La prórroga fue acordada en el año 2000 por el Gobierno de España, presidido por José María Aznar, y con Francisco Álvarez-Cascos como ministro competente. La decisión fue adoptada sin los procedimientos de licitación y concurrencia exigidos por el derecho nacional y europeo vigentes en aquel momento.

La solicitud de revisión de oficio activa un procedimiento reglado, que debe resolverse mediante actos administrativos motivados y de acuerdo con la legalidad vigente.

La iniciativa del Gobierno de Asturias cuenta con un respaldo jurídico sólido, basado en el dictamen emitido por la Comisión Europea el 17 de julio de 2025, que concluye que las prórrogas en las autopistas AP-66 y AP-9 fueron contrarias al derecho de la Unión Europea, al haberse aprobado sin licitación pública y vulnerar los principios de igualdad, transparencia y concurrencia. Este pronunciamiento se circunscribe exclusivamente a estas dos concesiones concretas y no afecta al resto del sistema concesional del Estado.

Por su parte, el Consejo Consultivo del Principado ha aprobado por unanimidad un dictamen que confirma que la ampliación de la concesión acordada en el año 2000 constituye un acto administrativo singular plenamente revisable, que supuso una modificación sustancial equiparable a una nueva adjudicación y en el que concurren causas de nulidad conforme a la legislación administrativa y al derecho europeo vigente en aquel momento.

El Gobierno del Principado considera que las recientes declaraciones sobre el peaje del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, suponen una distorsión grave de la realidad jurídica del caso y trasladan a la opinión pública una interpretación incorrecta de los hechos.

Como ya se ha comunicado formalmente al ministerio, el dictamen de la Comisión Europea es contundente y de extraordinaria gravedad, al constatar incumplimientos del derecho que obligan a restituir la legalidad vulnerada. El Principado no plantea rescates discrecionales ni decisiones políticas arbitrarias, sino la restitución de la legalidad, que además de ser jurídicamente exigible es la opción más eficiente y rentable para el interés general.

La situación de las concesiones de la AP-66 y la AP-9 es singular y excepcional, y cualquier intento de extrapolarla al resto de peajes del Estado carece de base jurídica y constituye una distorsión grave, que genera confusión en la ciudadanía y desvía el debate del fondo del asunto.

El Gobierno de Asturias considera que, ante esta situación, solo cabe una respuesta administrativa y jurídica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, conforme al procedimiento de revisión de oficio formalmente iniciado y con pleno respeto al ordenamiento jurídico nacional y europeo.

Sin perjuicio de dicho procedimiento, el Ejecutivo autonómico recuerda que existe margen para la acción política inmediata y reitera su petición de que se adopte la bonificación del cien por cien del peaje del Huerna, desde el primer viaje y para todos los usuarios, como medida de justicia territorial mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

El Principado continuará actuando con rigor, responsabilidad institucional y unidad, respaldado por la sociedad asturiana y por una base jurídica sólida, en defensa de la igualdad territorial y del derecho de la ciudadanía a una movilidad justa.