Derechos Sociales repartirá este año entre las entidades locales 15,6 millones para prestaciones vitales y proyectos locales de inclusión, un 12% más que en 2023

El Gobierno de Asturias repartirá este año entre las entidades locales una partida global para prestaciones vitales y proyectos locales de inclusión de 15,6 millones, lo que representa una subida del 12% respecto a 2023: 1,7 millones más. El crédito autonómico se distribuye en los siguientes apartados:

• Ayudas de emergencia social para la vivienda, de garantía energética y para otros gastos ordinarios y extraordinarios: 8.480.486 euros.
• Ayudas de emergencia social para familias con menores: 2.323.814 euros.
• Apoyo a la intervención y proyectos locales de inclusión social: 4.800.000 euros.

La distribución de estos fondos es el principal acuerdo adoptado en la comisión institucional del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, reunida hoy bajo la presidencia de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, en la sede de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). En la sesión han participado también las directoras generales de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez; de Infancia y Familias, María Belén Barrero, y de Presupuestos y Finanzas, Mar García Salgado; los directores generales de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón; de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, además de la gerente del Sepepa, Begoña López.

Una vez aprobado el reparto de las partidas por parte de la comisión institucional, ahora le corresponde al Consejo de Gobierno autorizar las transferencias oportunas para impulsar este nuevo paquete de inversiones sociales en el territorio.

Blindaje de los servicios sociales hasta 2027

El refuerzo del escudo social es uno de los objetivos clave del Gobierno de Asturias para esta legislatura. En este sentido, el Ejecutivo autonómico dio luz verde el pasado 17 de mayo a un gasto histórico de 272 millones para garantizar la prestación de los servicios sociales gestionados por entidades locales hasta 2027 y asegurar la estabilidad financiera de los ayuntamientos a través de la suscripción de convenios de colaboración. Estos fondos se dedican a sufragar los gastos de personal y mantenimiento de los servicios sociales municipales, la ayuda a domicilio y la teleasistencia, los programas contra la soledad no deseada y la valoración de la dependencia en la zona rural, entre otros.

Posteriormente, el 3 de julio, se firmaron los documentos de adhesión de ayuntamientos y mancomunidades a ese marco de cooperación para el desarrollo de las prestaciones sociales, en un acto encabezado por el presidente, Adrián Barbón.

Esta medida establece un nuevo marco temporal de cooperación para el desarrollo de las prestaciones básicas del Sistema de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El carácter plurianual de la colaboración entre el Principado y los ayuntamientos favorecerá el refuerzo y consolidación de la red de servicios sociales.

*Con audios de la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco.