El Gobierno de Asturias rechaza la salida de cualquier autonomía del régimen común porque supondría una merma de los recursos del Estado
El Gobierno de Asturias rechazará la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común a través de un concierto fiscal. La posición del Principado ha sido defendida esta mañana por el consejero de Hacienda y portavoz, Guillermo Peláez, quien se remitió al "acuerdo alcanzado por todas las fuerzas parlamentarias de la comunidad en materia de financiación autonómica, salvo la extrema derecha de Vox, que es claro y nítido". Además, esa propuesta cuenta con el respaldo de otras siete autonomías que comparten los mismos intereses de Asturias, tal y como se recoge en la Declaración de Santiago, suscrita por el presidente del Principado, Adrián Barbón.
"La salida de una comunidad, la que sea, del régimen común, supone una merma de los recursos del Estado, verdadera palanca de redistribución de la renta y la riqueza, así como garantía última de un estado de bienestar fuerte y equitativo en todo el territorio", ha señalado Peláez.
Para mantener ese estado del bienestar, ha defendido, "es necesario mantener el régimen común de financiación de las comunidades que gestionan competencias tan importantes como la sanidad, la educación o los derechos sociales". "Un concierto fiscal para una comunidad autónoma, da igual cuál sea, supone dar un paso a un sistema que únicamente tenga en cuenta la mayor o menor capacidad fiscal de los territorios", ha recalcado el portavoz.
El titular de Hacienda ha expresado su deseo de que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat de Catalunya, después de haber obtenido el respaldo mayoritario de la sociedad catalana en las últimas elecciones. A su juicio, la llegada de Illa a la presidencia ayudaría a superar el procés, "lo cual es bueno para Cataluña y bueno para toda España".
La vicepresidenta y presidenta de Asturias en funciones, Gimena Llamedo, ya había destacado el miércoles la posición del Principado en cuanto a la financiación autonómica y que supone no aceptar ningún acuerdo que ponga en riesgo los principios constitucionales de solidaridad y de igualdad. Peláez ha recalcado que "la posición de Asturias no se ha movido un ápice".
La postura del Principado, ratificada por la mayoría de las fuerzas políticas del Parlamento autonómico, apuesta por un modelo de financiación autonómico negociado con las Comunidades Autónomas y acordado de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto incluye tener en cuenta el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos fundamentales, lo que significa que el Estado debería incrementar los recursos de las comunidades, partiendo de la convicción de que todas están infrafinanciadas. Asimismo, en la distribución de estos recursos es imprescindible que se tenga en cuenta factores como la dispersión geográfica, la orografía o el envejecimiento, que inciden decisivamente en el coste de los servicios públicos. "Todo ello para garantizar el cumplimiento efectivo de los principios constitucionales de solidaridad e igualdad", ha concluido Peláez.