El Gobierno de Asturias compatibilizará el control de actividades contaminantes con la agilidad administrativa para facilitar el desarrollo económico

El Gobierno de Asturias compatibilizará la prevención de actividades contaminantes del medio ambiente con la agilización de procedimientos administrativos con el fin de impulsar el desarrollo económico de Asturias, según ha asegurado hoy el vicepresidente Juan Cofiño durante su comparecencia en la Junta General del Principado para informar sobre el Proyecto de Ley de Calidad Ambiental.

Cofiño, consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, ha subrayado que la normativa que tramita el parlamento se convertirá en el principal instrumento jurídico para la prevención y control de la calidad ambiental: “Será coherente con lo establecido en la Ley de Medidas Administrativas Urgentes, permitiendo una mayor agilidad en la puesta en marcha de las actividades, al tiempo que mantendrá las garantías y controles que exige el marco comunitario”.

El proyecto fija los fines y principios a los que quedan sujetas las actividades económicas, tanto en instalaciones pública como privadas y permitirá evaluar sus posibles efectos negativos en el medio ambiente, por lo que implanta medidas preventivas y correctoras para minimizar su impacto. Así, teniendo en cuenta la necesidad de hacer frente a inversiones, transformaciones y reformas estructurales que permitan un sistema económico más resiliente tras la pandemia, la ley facilitará una   mayor agilidad en la puesta en marcha de las actividades, al tiempo que mantendrá las garantías y controles que exige el marco comunitario.

Tres tipos de intervención administrativa

El consejero ha explicado que, en función de la potencial incidencia ambiental de las actividades, la norma establece tres tipos de intervención administrativa.

•    Por una parte, las  actividades e instalaciones de mayor incidencia ambiental, a las que se les aplica la ley estatal de prevención y control integrados de la contaminación, seguirán sometidas al régimen de la autorización ambiental integrada ordinaria, por motivos de protección y, por tanto, de interés público. Este régimen afecta en la actualidad a cerca de 90 grandes instalaciones en Asturias, que ya cuentan con esta autorización.

•    Por otra, las actividades con moderada incidencia sobre el medio ambiente y que requieren de uno o varios permisos ambientales sectoriales, ya sea porque producen emisiones, generan vertidos o tratan residuos, para las que se establece el régimen de la autorización ambiental integrada simplificada. Este novedoso instrumento reúne en una única autorización autonómica las diferentes autorizaciones ambientales sectoriales. Aplica, pues, principios de simplificación, racionalización y cooperación entre administraciones públicas.

•    El tercer tipo se dirige a proyectos con incidencia ambiental mínima en los que se opta por la fórmula de la declaración responsable, que permite al titular iniciar su actividad de forma inmediata, sin necesidad de autorización o de otro acto administrativo previo, que se sustituye por el control posterior. De este modo, se compatibiliza la protección medioambiental con la simplificación y agilización de los trámites administrativos. Este régimen será el único de competencia de los ayuntamientos. La declaración responsable ambiental afectará a numerosas actividades económicas, como talleres de reparación de vehículos (sin cabina de pintura), gasolineras, carpinterías metálicas o de madera, hostelería, antenas de telefonía, garajes o ganaderías, entre otras.

Los dos últimos procedimientos –la autorización ambiental integrada simplificada y la declaración responsable ambiental- sustituirán el trámite de licencia ambiental de actividades clasificadas previsto en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

El vicepresidente ha subrayado que la normativa “refuerza las competencias de los ayuntamientos, tanto al exigir la solicitud de informe urbanístico municipal sobre la compatibilidad de la actuación proyectada con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con la licencia urbanística, como con la emisión de informe, con carácter preceptivo, en el procedimiento de autorización ambiental integrada sobre los aspectos ambientales de su competencia, a fin de contemplarlos en la resolución que, en su caso, se otorgue”.

Anualmente, se tramitan en torno a 500 solicitudes de licencia ambiental. De esa cantidad, unas 50 serían objeto de la nueva autorización ambiental integrada simplificada. El resto quedarán sometidas a la declaración responsable ambiental, que tramitará el ayuntamiento donde se ubique la instalación o actividad.

Cofiño también ha valorado la incorporación de instrumentos voluntarios, “como el fomento de los sistemas de gestión medioambiental o el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono, que resultan fundamentales para la lucha contra el cambio climático, o el impulso a buenas prácticas en ecoinnovación y la economía circular”.

Igualmente, ha resaltado que la ley “presta especial atención a los principios del derecho de acceso a la información del medio ambiente reconocidos por la legislación internacional y europea, y a garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los proyectos y actividades que se desarrollen en nuestra comunidad”.