El Ejecutivo avanza en la transformación digital con una inversión de 4,7 millones en equipos para los juzgados y la renovación de servidores informáticos

El Gobierno de Asturias avanza en la transformación digital de la Administración autonómica con la aprobación de un gasto de 4,7 millones destinado a nuevos equipos, principalmente para los juzgados, y a la renovación de la infraestructura de servidores informáticos. Estas dos medidas se enmarcan en el ambicioso proceso de modernización en marcha, que conlleva una inversión próxima a los 90 millones para facilitar el tránsito desde la gestión convencional hacia una plataforma de servicios públicos telemáticos al servicio de la ciudadanía, eficaz y transparente.

El gasto autorizado por el Ejecutivo autonómico se desglosa del siguiente modo:  

o    Contratación del suministro y gestión integral de los medios de digitalización e impresión de documentos: 3.499.419 euros

Este proyecto tendrá especial incidencia en el progreso de la justicia digital en los juzgados de Avilés, Cangues d’Onís/Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Castropol, Gijón, Grau/Grado, L’Infiestu, Llangréu/Langreo, Llanes, Mieres del Camín, Oviedo/Uviéu, La Pola Llaviana/Pola de Laviana, La Pola Siero, La Pola (Lena), Pravia, Tineo, L.luarca y Villaviciosa.

También se implantará la nueva tecnología en varios parques de carreteras, oficinas urbanísticas, centros de precintaje, parques naturales, bibliotecas, museos, instalaciones deportivas, unidades territoriales de salud, parques de bomberos del Servicio de Emergencias (Sepa), equipamientos del ERA y oficinas del Servicio Público de Empleo (Sepepa) y del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida).

En el ámbito de la modernización de la justicia, el Principado ha invertido desde el inicio de la legislatura 1,8 millones en la compra de equipos informáticos y de grabación de vistas y acompañamiento para la gestión del cambio. Paralelamente, el programa de inversiones en justicia 2022-2025 implica una dotación de 5,6 millones en equipamiento informático, herramientas de dictado, sistemas de soporte de gestión judicial, factoría de software de automatización, videoconferencias para oficinas municipales de justicia y digitalización de registros civiles, entre otros.

o    Renovación de infraestructuras y actualización de servidores informáticos: 1.216.981 euros

Este contrato permitirá ampliar las funcionalidades y el rendimiento de estos equipos, lo que repercutirá directamente tanto en los usuarios internos de la Administración como en la ciudadanía y las empresas que hacen uso de ellos. El contrato incluye suministro, instalación, configuración y mantenimiento.

El Principado cuenta con una plataforma de servidores que albergan diferente servicios, entre otros, las bases de datos que ofrecen soporte a las aplicaciones de la Administración autonómica. Adicionalmente, dispone de bases de datos en otros servidores, principalmente del ámbito sanitario.

Todos estos servidores tienen varios años de antigüedad y superan el periodo de amortización establecido por el Ministerio de Hacienda para este tipo de bienes. Por esta razón, es preciso renovarlos e integrar los datos en una única plataforma, de modo que se optimicen recursos y se ahorren costes de mantenimiento.

Seguridad en el Servicio de Emergencias

El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 2.501.356 euros para garantizar hasta 2025 el servicio de mantenimiento preventivo de vehículos, embarcaciones, equipos, máquinas y herramientas del Servicio de Emergencias (Sepa) a través de una empresa especializada.

El proyecto incluye revisiones puntuales y exhaustivas de toda la flota para corregir cualquier fallo o avería. Este contrato refuerza las medidas de seguridad que ya se aplican en el Sepa, tanto para garantizar las mejores condiciones para el personal como para las intervenciones en las que participa.

Programas de formación para el empleo

El Ejecutivo ha autorizado un gasto global de 8.132.666 euros para robustecer las políticas activas de empleo y financiar programas de formación para personas ocupadas y en paro.  

De la partida global, 3.960.000 euros van dirigidos a subvencionar cursos de formación para trabajadores ocupados que conducen a la obtención de certificados de profesionalidad. Esta iniciativa beneficia a personas con experiencia laboral, pero sin acreditación formativa, que pueden lograr el certificado correspondiente al finalizar la formación. Además, otros 3.372.666 euros se dedican también a cursos para personas trabajadoras, pero que no conllevan la obtención de una acreditación profesional.

Finalmente, 800.000 euros se orientan a financiar cursos formativos para desempleados que implican compromiso de contratación.

Impulso al sector forestal

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a tres medidas orientadas a impulsar el sector forestal, mejorar el aprovechamiento de los montes y prevenir incendios. Estas iniciativas, que movilizarán más de 3,5 millones, son las siguientes:

•    Aprobación de un gasto de 3.540.000 euros para apoyar inversiones de las entidades locales orientadas al desarrollo de zonas forestales, la ejecución de infraestructuras y la prevención de incendios. Estas subvenciones, cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), permiten actuar en el ámbito urbano-forestal para prevenir daños en pueblos e instalaciones agrarias, lo que agiliza las labores de extinción en caso de incendios.
•    Declaración de utilidad pública de la concentración parcelaria privada de Veiga del Rey-Pronga, en Pravia. El proyecto afecta a 25 hectáreas en la intersección entre los ríos Nalón y Narcea. En total, se actuará sobre 167 fincas de 26 propietarios que, una vez finalizada la intervención, quedarán concentradas en 26 parcelas con una superficie media de una hectárea. El Principado destinará 90.000 euros a la construcción de los accesos, que permitirán el desarrollo de terrenos de gran utilidad para la agricultura.
•    Autorización de una partida de 12.164 euros para la redacción del proyecto de la concentración parcelaria privada de Las Rozas-Meiro, en Coaña. Esta iniciativa se llevará a cabo en unas 30 hectáreas de ocho propietarios. El 60% de la superficie afectada es monte y el resto, terreno agrario.

Nueva tecnología para la red hospitalaria

El Ejecutivo ha aprobado un gasto de 1.156.019 euros para la adquisición de dos tomógrafos computarizados (TC), equipos que facilitan el diagnóstico por imagen, para los hospitales Monte Naranco, de Oviedo, y Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea.

Esta tecnología ambulatoria no invasiva permite detectar el cáncer, así como realizar estudios sobre la forma y el tamaño de los tumores. También se utiliza para diagnosticar enfermedades del sistema circulatorio (aneurismas, arterioesclerosis, etcétera) y para explorar anomalías cerebrales, entre otras patologías.

La compra de ambas máquinas se financia con fondos del programa Next Generation EU del Plan de Inversión en Alta Tecnología (Inveat) del Gobierno de España, que favorece la mejora de equipamientos del sistema sanitario público, especialmente en la red hospitalaria. La dotación final para Asturias asciende a 15,6 millones, una partida que facilitará la adquisición o renovación de 17 equipos de alta tecnología.  El Consejo de Gobierno ha aprobado este mes varias partidas vinculadas al plan Inveat que superan los 5 millones.

Fondos para la lucha contra las drogas

El Principado ha autorizado la celebración de un convenio con la Delegación del Gobierno en virtud del cual el Ejecutivo central aportará este año 304.000 euros con cargo al fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de estupefacientes al Plan sobre Drogas de Asturias.

Esta partida se destinará al desarrollo de programas de tratamiento para la adicción a la cocaína y otros psicoestimulantes, la atención a personas drogodependientes en los juzgados de lo Penal de Gijón y Oviedo, a planes de intervención sobre el alcoholismo y al programa de pisos de incorporación social, así como al sistema de información sobre drogas Indro. Salud destina cada año más de 2 millones del presupuesto autonómico al plan sobre drogas.