El Ejecutivo afianza su política de igualdad con 3,4 millones para el Plan de Corresponsabilidad, al que se suman los 78 concejos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto de 3,4 millones para el desarrollo del Plan Asturiano de Corresponsabilidad, cofinanciado por el Ministerio de Igualdad, que se distribuirán entre los 78 ayuntamientos del Principado. Por primera vez, todos los concejos se han sumado a esta iniciativa, que tiene como objetivo facilitar la conciliación en las familias con menores de 17 años.

El Plan Corresponsables tiene carácter estatal. El Principado gestiona una aportación anual de casi 4,1 millones que distribuye en tres líneas de actuación: bolsas de cuidados, creación de empleo en este ámbito y sensibilización sobre la importancia de la corresponsabilidad, dirigida especialmente a los hombres. La nueva convocatoria cubrirá las acciones programadas por los 78 concejos con el fin de prestar el máximo apoyo posible a las familias.

La Dirección General de Igualdad, dependiente de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, considera muy positivos los diferentes proyectos que hasta ahora han puesto en marcha los ayuntamientos, entre los que figuran ludotecas, talleres, campamentos urbanos y estacionales, actividades para Carnaval y Semana Santa, iniciativas de recogida temprana y tardía para menores, colonias deportivas y de ocio, etcétera. Las ayudas a los municipios cubren, entre otros, gastos de servicios y contrataciones.

El Consejo de Gobierno también ha adoptado otra decisión relacionada con la igualdad y, en concreto, para luchar contra la violencia machista. El Ejecutivo ha dado el visto bueno a la firma de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial dedicado precisamente a este objetivo. En el convenio participan también las demás comunidades con competencias en justicia, la Fiscalía General del Estado, los ministerios de Presidencia, Interior e Igualdad y los Consejos Generales de la Abogacía y de Procuradores de España.

El primer convenio de estas características se firmó en 2002 y supuso la puesta en marcha del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con objeto de abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia. Lo que ahora se hace es adaptar el acuerdo a los avances legislativos en materia de violencia de género de los últimos años. El Principado asumirá este año la representación de todas las comunidades en el observatorio, que se turna de manera rotatoria.

Renovación de infraestructuras  

El Ejecutivo ha acordado destinar 564.397 euros a las obras de mejora del vial entre Puerta Colorada y El Rellán, en el concejo de Grado. Los trabajos comprenden el ensanche de la calzada y la renovación del pavimento de este vial, de 1.247 metros

Las obras también incluyen la mejora del sistema de drenaje y la sustitución del pontón que cruza el arroyo de San Martín por uno nuevo de mayor anchura. Además, se renovarán la señalización y las barreras de seguridad.

El proyecto se enmarca dentro del programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos, y que tiene por objeto la conservación de infraestructuras municipales en los concejos de menos de 20.000 habitantes.

Mejora salarial

El Gobierno de Asturias ha aprobado un complemento retributivo de 53,10 euros mensuales para el personal de atención directa de los distintos centros residenciales de personas con discapacidad, centros de menores, centros de apoyo a la integración y centros de día adscritos a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Este plus, que ya percibe el personal del ERA, es fruto de un acuerdo entre la consejería y las organizaciones sindicales y comenzará a abonarse en septiembre.

El nuevo complemento, que beneficiará a 850 empleados públicos, retribuye la calidad en la atención por parte de los profesionales y está vinculado a la implantación y desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración, así como al proyecto marco de acogimiento residencial de menores, ambos puestos en marcha por la consejería.

La finalidad de estos modelos es garantizar la prestación de un servicio público adaptado a cada persona y que asegure el pleno respeto a su dignidad, autonomía y a la participación social.