El Gobierno de Asturias adscribe el Serida a la Consejería de Ciencia, un paso más en su apuesta de legislatura para reforzar la I+D+i

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el cambio de adscripción del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), que pasa de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial a la de Ciencia, Innovación y Universidad. Esta modificación en la estructura de ambos departamentos supone el primer paso en la reordenación del ecosistema de I+D+i previsto en la Ley de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación.

El Serida formará parte desde ahora de la estructura orgánica básica de Ciencia, con el fin de impulsar sus programas de investigación e innovación agroalimentaria. Este órgano lidera ya el plan complementario de Agroalimentación y Hub Agroalimentario, al tiempo que participa en distintos polos de innovación, así como en una de las Misiones Científicas de Asturias.

Además de este cambio de adscripción, la entrada en vigor de la Ley de la Agencia de Ciencia implica la puesta en marcha de un nuevo modelo de coordinación en las políticas de investigación e innovación en el ámbito de la salud, con el fin de impulsar la I+D+i biosanitaria.

El Principado ha comenzado a trabajar en la transformación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa) en la nueva Agencia de Ciencia, que contará también con el apoyo de otras entidades, como la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt). Con este propósito, la Consejería de Ciencia constituirá en los próximos días dos grupos de trabajo para guiar el proceso de adaptación y reducir al máximo los plazos, de modo que la agencia comience a funcionar antes de mayo.
 
Dos de las claves del nuevo ente serán la reducción de la burocracia y el establecimiento de un calendario de convocatorias, tanto de investigación como de innovación. Actualmente, están en marcha más de una treintena de convocatorias vinculadas a la I+D+i.

Avances en la atención a la dependencia

El Ejecutivo ha aprobado el decreto que regula el reconocimiento de la dependencia y del derecho a las prestaciones correspondientes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que incluyen servicios (prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y atención residencial) y apoyos económicos. Esta norma supone la culminación del plan de choque 2019-2023 y tiene como objetivo, además de eliminar cargas burocráticas y agilizar la gestión, mejorar la calidad en la atención a las personas desde el mismo momento de la solicitud.

Desde diciembre de 2019 hasta finales de 2022, el Principado ha logrado reducir el tiempo medio de tramitación de 19 a 8 meses. El nuevo procedimiento permitirá que la mayoría de los expedientes puedan resolverse antes del plazo legalmente previsto. En la actualidad, uno de cada tres expedientes ya se despacha en menos de seis meses.

El incremento de solicitudes desde 2019 (en estos momentos hay cerca de 44.000 expedientes activos) junto con las 28.977 personas que reciben actualmente una prestación del SAAD (8.000 más que en 2019) han motivado la necesidad de reforzar la plantilla con 35 empleados públicos, el mayor incremento de la serie histórica. Este esfuerzo se complementa con iniciativas que mejoran la eficiencia de los procesos, como el nuevo decreto.   

La última medida del plan de choque consiste en la revisión total del procedimiento diseñado hace 14 años, para dotarlo de mayor agilidad, incorporar el uso de las nuevas tecnologías, evitar duplicidades, eliminar cargas burocráticas y adaptarlo al modelo de atención centrada en la persona. La nueva norma establece un único procedimiento, centraliza la tramitación en la Administración autonómica en todas sus fases y facilita el acceso de las personas a este sistema. Además, abre la vía telemática para realizar trámites, al tiempo que consolida la gestión de urgencia en determinadas situaciones. También contempla la colaboración de las entidades privadas en el control de las prestaciones.
    
El nuevo marco normativo, que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), contribuirá de manera decisiva a la mejora del sistema, ya que se ha elaborado con el fin de facilitar el pleno ejercicio de sus derechos a las personas dependientes y a sus familias.

Análisis del gasto público

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Hacienda a solicitar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) la elaboración de un plan de acción, con presupuesto y calendario, para evaluar las políticas de gasto público en los ámbitos de sanidad y servicios sociales. El acuerdo establece que el alcance de los estudios será el siguiente:
    
-    En el ámbito sanitario, se profundizará en la evaluación del gasto farmacéutico y en bienes de equipo de alta tecnología. Igualmente, se analizarán los recursos humanos del Servicio de Salud (Sespa), la contratación pública y el modelo de compras y logística sanitaria.

-    En los servicios sociales, se abordará el análisis de la política presupuestaria y de personal, como paso previo a la introducción de mejoras para un uso más eficiente y sostenible de los recursos públicos.

La decisión es fruto del trabajo iniciado hace unos meses con la Airef a partir de la reunión mantenida por el vicepresidente, Juan Cofiño, y la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, con la presidenta del organismo independiente, Cristina Herrero. Estos contactos se enmarcan en el objetivo de optimizar las políticas de gasto público, sin perder de vista una de las principales prioridades del Gobierno de Asturias: la prestación de servicios públicos de calidad.

Esta medida cobra especial relevancia en el contexto actual de recursos escasos y necesidades crecientes y pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo un análisis detallado sobre el funcionamiento de las estructuras administrativas, así como de determinar las posibilidades de optimización del gasto para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Nombramiento en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

El Gobierno de Asturias ha nombrado a Enrique Rodríguez Nuño director general de Servicios Sociales y Mayores de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Rodríguez Nuño (Langreo, 1964) es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León y máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. También es especialista en normativa comunitaria y en auditoría de fondos europeos. Desde 1989 es funcionario de carrera del Principado, donde forma parte del cuerpo de técnicos superiores, dentro de la escala de veterinarios. Entre otras responsabilidades, ha sido director general de Agroalimentación y Ganadería (2007-2009) y de Políticas Sociales (2013-2015). Desde 2018 dirigía el Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno en Asturias.

Nuevo equipamiento sanitario en el Occidente

El Ejecutivo ha aceptado la cesión gratuita de un inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Boal, para la construcción de un consultorio local. El edificio se encuentra en la avenida de Asturias, una de las principales arterias de comunicación de la capital boalesa y próximo a la casa consistorial, en una ubicación idónea por su centralidad y accesibilidad.

El edificio, que se someterá a una reforma integral, cuenta con 442 metros cuadrados divididos en tres plantas (bajo y dos pisos), más un pequeño patio posterior de 36 metros cuadrados. La finca ofrece unas condiciones óptimas para acoger el nuevo dispositivo sanitario.

Reconocimiento del patrimonio cultural de Las Regueras

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto por el que se declaran bien de interés cultural (BIC) las termas romanas de Valdunu, en el concejo de Las Regueras. El conjunto patrimonial tendrá categoría de zona arqueológica.

Los restos hallados en el solar de la iglesia de Santa Eulalia comprenden la sala de baños calientes y la dependencia templada, así como otras dos estancias, cuyo estado de conservación revela interesantes detalles constructivos, del sistema calefactor y de la decoración mural. Los estudios apuntan a que estos restos podrían haber pertenecido a una residencia señorial o a unas instalaciones de servicio viario próximas a la ruta Lucus Asturum-Lucus Augusti. Su cronología abarca desde el alto Imperio hasta finales de la época romana.

Se trata de una instalación termal típica, cuya distribución espacial hace pensar en la existencia alineada de un caldarium, un tepidarium y un frigidarium, tres estancias habituales en los baños romanos.

Los muros mantienen un alzado significativo y se conservan elementos constructivos de interés, como mosaicos o estucados, recubrimientos con teja, restos pictóricos, muros con pasos de calor o la fístula de plomo de desagüe de una bañera. Entre los objetos encontrados en la excavación figuran un anillo de plata y un lote de monedas del siglo IV después de Cristo.