La Cuota avanza en la ordenación de las instalaciones de baterías con la aprobación inicial de las directrices sectoriales

El pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota), presidido por el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, ha aprobado inicialmente por una amplia mayoría las Directrices Sectoriales para las Instalaciones de Almacenamiento de Energía Eléctrica en Baterías en Suelo no Urbanizable. Se trata de un primer paso dentro de un procedimiento que continuará ahora con los procesos de información pública y evaluación ambiental, antes de su aprobación definitiva por decreto del Consejo de Gobierno.

Las nuevas directrices ordenan la implantación de instalaciones independientes de almacenamiento de más de tres megavatios, y establecer criterios comunes para decidir dónde pueden ubicarse y bajo qué condiciones. La regulación responde al fuerte incremento de solicitudes de acceso y conexión registrado en Asturias: el documento de avance recogió más de 170 peticiones, de las que más de 50 ya están en tramitación administrativa.

El modelo territorial propuesto busca orientar estas instalaciones de almacenamiento hacia los emplazamientos de menor impacto, con especial preferencia por suelos ya transformados, como terrenos industriales, mineros o energéticos, así como espacios degradados. También plantea priorizar la proximidad a los nudos de conexión de la red eléctrica para reducir la longitud de las líneas de evacuación y su impacto territorial.

Uno de los principales criterios de ordenación es la creación de una zona de salvaguarda territorial de 200 metros, destinada a preservar el paisaje, el patrimonio natural y el modelo de poblamiento rural disperso característico de Asturias.

Ruiz Latierro ha destacado que con estas directrices “damos un salto importante en la organización de este tipo de instalaciones energéticas”, con una propuesta que, a su juicio, busca “un equilibrio entre la necesidad social de estas instalaciones, desde el punto de vista de la estabilidad energética, pero, sobre todo, preservando la seguridad de los ciudadanos y de nuestro modelo territorial”.

Las directrices excluyen los suelos de especial protección y también establecen criterios específicos para los núcleos rurales y las zonas pobladas. La salvaguarda territorial de 200 metros se integra en un sistema más amplio de condiciones para cada emplazamiento, que incluye un análisis obligatorio de riesgos. Este estudio deberá tener en cuenta, entre otros factores, la topografía, el régimen de vientos, la disposición de las baterías o las medidas previstas en cada proyecto, y permitirá determinar las condiciones de seguridad específicas de cada instalación.

La regulación incluye, asimismo, una distancia de salvaguarda poblacional, que en ningún caso podrá ser inferior a 50 metros respecto a las edificaciones residenciales legalmente implantadas fuera de los núcleos rurales. En el caso de estas localidades, la referencia será su delimitación exterior. El análisis de riesgos podrá establecer, cuando sea necesario, distancias superiores.

La zona territorial de 200 metros podrá reducirse únicamente en casos excepcionales de especial interés público, cuando no existan emplazamientos alternativos en relación con la conexión a la red y un análisis riguroso acredite que la instalación no genera una afección incompatible sobre los valores del paisaje rural o los usos sociales y tradicionales.

Medidas específicas frente a incendios

Las directrices incorporan, además, medidas específicas de prevención y protección frente a incendios. Así, se exigirán depósitos de agua situados a diez metros de los recintos de baterías y una franja perimetral de defensa frente al fuego de, también, diez metros.

La resolución adoptada por la Cuota no supone la aprobación definitiva de las directrices. El procedimiento establece ahora un nuevo periodo de información pública de dos meses, durante el que podrán formular observaciones la ciudadanía, las administraciones locales afectadas y otros organismos. Posteriormente, se realizará la evaluación ambiental, se elaborará el texto refundido con las modificaciones que procedan y, finalmente, las directrices deberán ser aprobadas de forma definitiva mediante decreto del Consejo de Gobierno.

La ordenación pretende dotar así a Asturias de un marco común para estas instalaciones que evite decisiones aisladas y favorezca una implantación compatible con el territorio. El documento señala que la suspensión de títulos habilitantes acordada en 2025 fue concebida precisamente como un periodo transitorio, para evitar hechos consumados, mientras se elaboraban estas directrices.

En este contexto, la Cuota prorroga durante un año la suspensión de los títulos habilitantes para las instalaciones independientes de almacenamiento de más de tres megavatios ubicadas en suelo no urbanizable, de manera que el periodo de tramitación no pueda completarse hasta la aprobación definitiva de las directrices. La suspensión no afecta a los proyectos situados en suelos industriales, mineros o energéticos degradados ni a las instalaciones asociadas a modalidades de autoconsumo de hasta tres megavatios.