Asturias recibirá este año 104,7 millones para el sistema de atención a la dependencia, casi 20 más que en 2025

Asturias recibirá este año 104,7 millones del Ministerio de Derechos Sociales para financiar el sistema de atención a la dependencia. Esta cifra supone 19,6 millones más que en 2025, lo que representa un incremento del 23,1%, según ha informado hoy la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Diana Fernández, tras la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), celebrada en Madrid.

El incremento se explica por el refuerzo del nivel mínimo de protección aprobado por el Gobierno de España a través del Real Decreto-ley 17/2026, que eleva la aportación estatal por cada persona atendida y que aún debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados.

La financiación estatal de la dependencia se articula a través de dos vías. Por un lado, el nivel mínimo, financiado íntegramente por el Estado y calculado en función del número de personas con prestación efectiva y su grado de dependencia. Por otro, el nivel acordado, que se reparte entre las comunidades según distintos indicadores de gestión fijados en el consejo territorial.

Las transferencias del ministerio pasan de 85,1 millones en 2025 a 104,7 este año. El incremento extraordinario del nivel mínimo aporta 25,8 millones adicionales, lo que permite elevar la financiación global.

El Real Decreto establece, además, un aumento notable en las cuantías mensuales que aporta la Administración central: pasan de 290 a 660 euros en el caso de gran dependencia, de 130 a 260 en dependencia severa y de 76 a 90 euros en dependencia moderada. La aportación mensual estatal para las 33.532 personas que actualmente tienen una prestación efectiva en Asturias se eleva de 4,7 a 9 millones.

En paralelo, el Principado ha culminado en el último año la implantación de la historia social única de la dependencia, una plataforma que integra toda la información de cada expediente. Esta herramienta mejora la gestión, garantiza la trazabilidad de los procedimientos y facilita el cumplimiento de los requisitos de información exigidos por el ministerio.

No obstante, esta transición tecnológica tuvo un efecto temporal en los registros de la lista de espera durante 2025. Este impacto, recogido expresamente en el convenio suscrito con el ministerio para ese ejercicio, ha sido analizado en la reunión de hoy. Ambas partes han acordado revisar los datos para que los indicadores de 2026 reflejen con mayor precisión la gestión real de la consejería.

Con la historia social única ya plenamente operativa, Asturias trabaja ahora para resolver, durante el segundo semestre de este año, los expedientes pendientes de valoración inicial. La incorporación progresiva de estas personas al sistema podría generar hasta 8 millones adicionales este mismo año, lo que elevaría las transferencias estatales hasta los 112,8 millones.

De cara a 2027, con las nuevas cuantías aplicadas durante todo el ejercicio y una mayor incorporación de personas beneficiarias, la financiación estatal podría acercarse al doble de la registrada en 2025.

Asturias es actualmente la segunda comunidad con mayor tasa de cobertura del sistema de atención a la dependencia: el 96,15% de las personas con grado reconocido reciben ya una prestación efectiva. Además, ocupa el tercer lugar en crecimiento del gasto autonómico en esta materia, con un aumento del 15,24% en 2025.

La consejería ha trasladado al ministerio su análisis técnico sobre el impacto que la implantación de la historia social única ha tenido en algunos de los indicadores utilizados para repartir el nivel acordado. Ambas partes han decidido continuar trabajando de forma conjunta antes del cierre definitivo del convenio de 2026, con el objetivo de que el esfuerzo inversor y el elevado nivel de cobertura de Asturias queden adecuadamente reflejados en el reparto de fondos.

Con una financiación reforzada y la historia social única ya plenamente desplegada, Asturias afronta una nueva etapa centrada en agilizar la tramitación de expedientes, reducir los tiempos de espera y seguir mejorando la atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias.

*En la imagen, la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La directora general de Gestión de Derechos Sociales, Diana Fernández, es la segunda por la derecha.