Zapico reclama al Ministerio de Vivienda cooperación y cesión de pisos públicos ante el impacto del nuevo decreto antidesahucios

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha reclamado hoy una respuesta coordinada con el Ministerio de Vivienda ante la inminente votación en el Congreso de los Diputados de la modificación del decreto antidesahucios acordada entre el PSOE y el PNV. Durante su intervención en el pleno de la Junta General, ha calificado el debate de “oportuno y necesario” y ha advertido de que, aunque el cambio pueda parecer ligero, tendrá un efecto sustancial en el número de personas afectadas, ya que dejaría fuera de la protección por vulnerabilidad a quienes residan en viviendas propiedad de arrendadores con una o dos viviendas.

Zapico ha explicado que en Asturias la mayor parte del parque de alquiler pertenece a pequeños propietarios. “No es que no haya grandes tenedores, que los hay, pero la inmensa mayoría de los pisos en régimen de arrendamiento no les pertenecen”, ha precisado. Por ello, ha advertido de que la modificación del decreto podría traducirse en un incremento de lanzamientos en la comunidad.

Ante este escenario, el consejero ha remitido una carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para solicitar información detallada sobre el número de suspensiones vigentes en Asturias, cuántas afectan a inmuebles de propietarios con uno o dos pisos y un inventario actualizado de vivienda pública o patrimonial estatal disponible en la comunidad. Según ha señalado, el objetivo es conocer con precisión los recursos existentes y articular una respuesta eficaz.

“Lo que no puede hacer el Estado es trasladar a las comunidades las consecuencias del decreto sin poner a disposición los activos públicos que tiene en territorios como Asturias”, ha afirmado.

Zapico ha recordado que cuando Asturias asumió las competencias en vivienda en los años 80 del siglo pasado, el parque público contaba con 32.000 inmuebles. En agosto de 2023, al inicio de la actual etapa en la consejería, apenas superaba los 9.600. Actualmente, el parque público se encuentra prácticamente ocupado, con viviendas en rotación por reparaciones o reservadas para situaciones de emergencia, y con lista de espera para adjudicaciones por la vía de urgencia.

En cuanto a las ayudas de compensación a propietarios afectados por la suspensión de desahucios, el consejero ha detallado que en 2025 se consignó un millón en el presupuesto. De esa cantidad, se distribuyeron un total de 700.000 euros en 59 expedientes, con una media de 12.000 por cada uno. En la actualidad están pendientes 82, que comenzarán a resolverse en marzo. Estos expedientes afectan mayoritariamente a propietarios de una o dos viviendas, lo que evidencia el perfil predominante en Asturias y anticipa una posible bolsa de personas vulnerables que podrían verse afectadas si se producen lanzamientos.

Universidades privadas y bulos de Vox

En respuesta a una pregunta del grupo popular sobre la posible interposición de un recurso contra la implantación de universidades privadas en Asturias, Zapico ha señalado que se trata de una decisión que los órganos de dirección de Izquierda Unida aún no han adoptado y que se analizará en los próximos días, una vez estudiada su viabilidad jurídica.

El consejero ha recordado que ya manifestó su posición contraria en el seno del Consejo de Gobierno respecto a los acuerdos relacionados con estos centros y ha reafirmado el compromiso histórico de su formación con la defensa de la educación pública y la igualdad de oportunidades. En este sentido, ha subrayado que Izquierda Unida “seguirá dando la batalla”, en defensa de un modelo que garantice “que cualquier persona, con independencia de su origen, pueda acceder a la educación superior en condiciones de igualdad”.

Además, durante el debate parlamentario sobre vivienda, Zapico ha defendido ante Vox que existen “dos modelos completamente antagónicos: uno que concibe la vivienda como un negocio y otro que la entiende como un derecho”.

También ha reiterado que el Gobierno de Asturias actúa según lo dispuesto en la Constitución y en el decreto de adjudicación de vivienda pública, que establece criterios objetivos basados en la necesidad. Asimismo, ha desmentido los “bulos” difundidos en las últimas semanas por la ultraderecha sobre supuestas reservas de vivienda pública para colectivos concretos. Según ha precisado, el parque público se adjudica exclusivamente en función de los requisitos establecidos y de la situación de vulnerabilidad acreditada.

Para finalizar, ha defendido el papel de los medios de comunicación rigurosos en la verificación de informaciones, al tiempo que ha reafirmado que el Principado se guía por el principio de garantizar el acceso a una vivienda digna a quienes realmente lo necesiten, con independencia de su lugar de nacimiento.