Sánchez advierte de que una subida del 40% en el módulo de la vivienda protegida situaría los precios en niveles inasumibles para la mayoría de familias

El director general de Vivienda, Daniel Sánchez, ha defendido hoy “el equilibrio entre el acceso asequible y la viabilidad de la vivienda protegida en Asturias”. Sánchez ha respondido de este modo a las declaraciones del sector promotor sobre el precio máximo de la vivienda protegida. También ha subrayado que la prioridad del Gobierno de Asturias es garantizar el acceso real y asequible a la vivienda, preservando la función social que define este régimen desde su creación.

En este sentido, ha explicado que el precio máximo de la vivienda protegida se sitúa actualmente en Asturias en 2.124 euros por metro cuadrado. Por tanto, si se cumplieran las aspiraciones de los promotores de elevarlo un 40%, hasta los 2.973 euros, implicaría que una vivienda tipo de 80 metros cuadrados con garaje y trastero alcanzaría un precio cercano a 270.000 euros. “Esa cifra rompería el principio de asequibilidad y desvirtuaría el concepto mismo de vivienda protegida, definido por la legislación estatal y autonómica”, ha alertado Sánchez.

“La vivienda protegida no puede convertirse en una operación especulativa. Está concebida por ley para garantizar precios moderados, no para replicar los niveles del mercado libre”, ha añadido.

Además, ha recordado que el acceso a la compra de vivienda exige contar, al menos, con el 30% del importe total en ahorros previos, dado que las entidades financieras financian habitualmente hasta un 80% del precio de compraventa.

“Con precios de 270.000 euros, una familia tendría que aportar más de 80.000 en efectivo solo para iniciar la operación hipotecaria. Eso excluye automáticamente a miles de hogares jóvenes y trabajadores, precisamente a quienes la vivienda protegida debe atender”, ha precisado el director general.

Como ejemplo de esta problemática, se ha referido a la reciente promoción de vivienda protegida en el barrio de Su Eminencia (Residencial Miralta), en Sevilla, que ha suscitado una polémica similar: “Los precios de venta se sitúan entre 215.000 y 265.000 euros, lo que ha llevado a cuestionar si quien puede comprarse un piso de 250.000 euros necesita protección”.

“Esto demuestra que la pérdida del sentido social de la vivienda protegida es un riesgo real en toda España si los módulos se desligan de los salarios medios y del coste de la vida”, ha agregado.

La revisión del módulo, en la concertación social

En este contexto, ha indicado que el Principado se encuentra en pleno proceso de negociación de la revisión del módulo en el marco de la concertación social, junto con los agentes sindicales y empresariales.

“Estamos abordando esta cuestión desde el diálogo, buscando un equilibrio entre la viabilidad técnica de las promociones y la función pública que cumple la vivienda protegida. No se trata de decidirlo de espaldas al territorio ni a las familias”, ha remarcado.

El Gobierno de Asturias defiende un modelo equilibrado, que combine la viabilidad económica de las promociones con el cumplimiento del mandato del artículo 47 de la Constitución: garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, y evitar su especulación.

La Dirección General de Vivienda reafirma su compromiso con el desarrollo de vivienda verdaderamente asequible, tanto pública como concertada, y continuará impulsando políticas que pongan el foco en las personas y no en la rentabilidad del suelo.