El Gobierno de Asturias confirma su voluntad de llegar hasta el final en el caso Blue Solving y hace suyo el informe de la Inspección de Servicios para mejorar la supervisión y la seguridad de la actividad minera

El Gobierno de Asturias avanzará en la actualización de los procedimientos, la digitalización y el refuerzo de los mecanismos de control y supervisión de la actividad minera a partir de las conclusiones del informe elaborado por la Inspección General de Servicios. El documento, que será enviado a la fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General, plantea once recomendaciones vinculadas, entre otros puntos, a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado esta mañana al Consejo de Gobierno del contenido del informe y de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería para dar cumplimiento a las recomendaciones.

“El presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar hasta el final para aclarar las causas del accidente de Blue Solving y para intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir. Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recordado la vicepresidenta. “Hoy hemos examinado su contenido en el Consejo de Gobierno y, acto seguido, anunciamos nuevas medidas para mejorar la gestión de la actividad minera en Asturias. Estamos demostrando que nuestro compromiso con la seguridad y la familia minera es absoluto”, ha añadido.

El consejero de Ciencia también ha sido rotundo: “Asumí la consejería con un mandato expreso del presidente para llegar hasta el final con todas las consecuencias. Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”.

La hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia plantea diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

• Mejor planificación de las inspecciones. En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

• Refuerzo con herramientas digitales. Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos. El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

• Cambios normativos. Dentro de la actualización normativa y procedimental, también se trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros. Asimismo, se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

• Organización del servicio. Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán de forma integral y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El Gobierno de Asturias reitera su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad. En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica.

El objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera más moderno, eficiente y garantista, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y siempre en defensa del interés general.