El Gobierno de Asturias aprueba el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia para blindar la protección de niñas y niños frente al desamparo y cualquier forma de violencia

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, que consolida un sistema de protección integral y garantista para niños y niñas, al tiempo que blinda la condición de los menores como personas titulares de derechos. El texto elaborado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar pone el foco en actuaciones de sensibilización, detección precoz, asistencia y amparo frente a cualquier forma de violencia. También robustece la prevención y la creación de entornos seguros.

El documento, que ahora se remitirá a la Junta General para su tramitación parlamentaria, obliga a incorporar en todos los proyectos normativos un informe de impacto en la infancia y la adolescencia. Además, recoge la obligación de elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a la infancia y la adolescencia en el que se definan las políticas públicas para hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes y mejorar así su calidad de vida.

Entre los derechos de la infancia y la adolescencia, la norma recoge los de expresión, libertad de información, derecho a ser escuchado, libertad ideológica, derecho de asociación y reunión y de participación ciudadana, igualdad o educación.

El proyecto asegura la continuidad del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, como órgano de coordinación y asesoramiento, así como del consejo autonómico de participación.

Igualmente, el texto legislativo robustece la colaboración entre los servicios sociales y los sistemas sanitario y educativo, así como con los ayuntamientos, para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores. Con el mismo propósito, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.

La iniciativa mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención, pero desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo, entre otros. En concreto, recoge de modo pormenorizado los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.

Respecto al acogimiento familiar, el texto ordena las compensaciones económicas y plantea una novedad: la familia extensa y las personas allegadas recibirán formación específica para ofrecer la mejor atención a los menores. En cuanto al acogimiento residencial, regula los programas de preparación para la vida independiente desde los 16 años, así como los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad.

El proyecto incorpora un capítulo específico sobre menores migrantes no acompañados, en el que se garantiza el acceso a diferentes servicios, independientemente de su situación administrativa.

Equipamientos sanitarios

El Ejecutivo ha aceptado la cesión gratuita en propiedad, por parte del Ayuntamiento de Oviedo, del inmueble de La Manjoya destinado a consultorio sanitario. Con esta decisión, concluye el proceso para transferir la titularidad del edificio al Principado, según lo recogido en el acuerdo suscrito en 2018.

La Consejería de Salud lleva años a la espera de la recepción del inmueble para mejorar la atención que se presta a la ciudadanía. El edificio se cerró en 2018 por su mal estado y fue preciso trasladar la atención a una instalación provisional. Ambas administraciones acordaron entonces que el consistorio rehabilitase el inmueble y lo cediese después a la Administración autonómica para reabrirlo como consultorio. Una vez rehabilitado, se detectaron fisuras en el forjado de la planta baja que el ayuntamiento subsanó antes de iniciar los trámites para la cesión.

Entretanto, el Principado ha ido avanzando en la tramitación y ya dispone del proyecto de ejecución de la obra, de modo que la actuación se licitará en breve. Está previsto que los trabajos comiencen a finales de primavera.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 382.085 euros, recogido en las cuentas de este año, para adecuar el inmueble, transformarlo en un consultorio sanitario y dar respuesta a las necesidades asistenciales de la población.