El Principado aprueba el proyecto de la primera Ley de Bibliotecas de Asturias para garantizar el acceso universal a la lectura y el conocimiento

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presentado hoy el proyecto de Ley de Bibliotecas y del Fomento de la Lectura del Principado, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. La norma dotará por primera vez a Asturias de un marco legislativo propio para ordenar el sistema bibliotecario, reforzar la red pública y garantizar el acceso de toda la ciudadanía a la lectura, la cultura y el conocimiento en condiciones de igualdad.

La nueva ley moderniza la política bibliotecaria asturiana y da respuesta a la profunda transformación que han experimentado estos equipamientos en las últimas décadas. El texto reconoce a las bibliotecas como espacios esenciales de acceso a la cultura, la información y el conocimiento, y refuerza su papel como lugares de inclusión, participación ciudadana, aprendizaje permanente y construcción de ciudadanía.

Gutiérrez ha subrayado que la norma sitúa a estas infraestructuras en el centro de las políticas públicas como herramientas de equidad territorial. "Las bibliotecas son, además de espacios donde hay libros, espacios para soñar, para aprender, para perderse y para encontrarse. Y también de espacios donde se garantiza la igualdad de oportunidades, se procura el pensamiento crítico, el acceso a la información y, en última instancia, que sustentan los fundamentos mismos de una sociedad libre y democrática", ha afirmado la consejera, quien ha incidido en la necesidad de blindar estos entornos como "servicios públicos esenciales de proximidad en todos los concejos de Asturias".

Garantizar el acceso en todo el territorio

Uno de los principales objetivos de la ley es garantizar el derecho efectivo de acceso a los servicios bibliotecarios con independencia del lugar de residencia.

La norma establece que los concejos con más de 2.000 habitantes dispondrán de, al menos, una biblioteca de titularidad pública y uso general. El texto aclara de forma expresa que estos centros seguirán siendo estrictamente de gestión y titularidad municipal, del mismo modo que el personal que trabaja en ellos continuará ejerciendo sus funciones como empleados de sus respectivos ayuntamientos.

Dentro de este grupo, para los concejos con una población comprendida entre los 2.001 y los 5.000 habitantes (Morcín, Colunga, Castropol, Coaña, Tapia de Casariego, El Franco, Soto del Barco, Vegadeo, Salas y Cudillero), la consejería asumirá los costes derivados de la incorporación de nuevo personal cualificado en beneficio de los ayuntamientos. En paralelo, y dentro de las competencias autonómicas para avanzar en la profesionalización del sector, la Administración pondrá en marcha planes de formación continua dirigidos a todo el personal de la red. En segundo lugar, aquellos municipios que superen los 30.000 habitantes (Mieres, Langreo, Siero, Avilés, Oviedo y Gijón) darán un paso más y dispondrán de una red municipal de bibliotecas.

Por su parte, para aquellos concejos con una población igual o inferior a los 2.000 habitantes, la Administración autonómica colaborará de manera directa con los ayuntamientos financiando la prestación de los servicios públicos a través de fórmulas adaptadas a los entornos con menor población, como los servicios de extensión bibliotecaria, las bibliotecas de doble uso escolar-general o las redes de bibliobuses —ámbito en el que ya se prevé la dotación de dos nuevos bibliobuses para cubrir estas rutas—.

Este modelo permitirá equilibrar la prestación de servicios bibliotecarios en todo el territorio y asegurar que el acceso a la lectura y a estos recursos no dependa del tamaño del concejo ni de su ubicación geográfica.

Un sistema bibliotecario coordinado

El proyecto de ley prevé la creación del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias (SIBIPA), concebido como el marco general de coordinación, cooperación y planificación de todos los recursos bibliotecarios de interés para Asturias.

Este sistema integrará la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala, las bibliotecas públicas, universitarias, escolares adheridas, especializadas, centros de documentación y otros fondos de interés histórico, científico o cultural.

La ley incorpora, además, nuevas herramientas de planificación, entre ellas el Plan de Actuación Bibliotecaria y de Fomento de la Lectura, así como el Directorio y el Mapa de Bibliotecas Públicas. Este plan se aprobará formalmente cada cuatro años e incluirá de forma detallada las campañas de animación lectora, la actualización de los fondos bibliográficos, el desarrollo de la comprensión lectora en el ámbito escolar y juvenil, y los programas específicos de inclusión social a través de la lectura.

Apoyo al libro y a las lenguas propias

La norma refuerza también el fomento de la lectura como política pública estratégica, con especial atención a la infancia y la juventud, a colectivos vulnerables y a la mejora de la accesibilidad mediante formatos adaptados, como la lectura fácil, el braille o los soportes sonoros y digitales.

El texto dedica un parágrafo de gran relevancia a la promoción y proyección de los autores locales, para impulsar su presencia tanto dentro del Principado como en los circuitos internacionales. Asimismo, se otorgará una especial difusión a los creadores que empleen las lenguas propias, con medidas concretas para incentivar la alfabetización y el aprendizaje tanto en asturiano como en eonaviego.

Del mismo modo, la ley introduce un apartado específico dedicado a las librerías, y reconocer expresamente su valor estratégico como agentes culturales esenciales para la dinamización de los concejos. La Administración autonómica colaborará de manera activa en su promoción y sostenibilidad, favoreciendo alianzas con la red pública de lectura y apoyando ferias y eventos comerciales del sector.

La consejera ha agradecido expresamente el trabajo del grupo técnico de casi una treintena de personas encargado de la elaboración de la norma, y que está integrado por profesionales del ámbito bibliotecario, personal técnico de la Administración y especialistas del sector, cuya aportación ha resultado clave.

Con esta ley, el Principado da un paso decisivo para reforzar su red bibliotecaria y consolidar una política pública orientada a garantizar el acceso universal a la lectura, al conocimiento y a la cultura en todo el territorio.