El jefe del Ejecutivo lamenta que el Partido Popular sea “incapaz de condenar la tropelía del peaje del Huerna”

Adrián Barbón ha invitado hoy al Partido Popular y a VOX a sumarse a la concentración convocada el día 17 para exigir la supresión del peaje del Huerna. En el pleno de la Junta General, el presidente del Principado ha lamentado que, 25 años después de haber aprobado la prórroga del canon, el PP continúe siendo “incapaz de condenar esa auténtica tropelía”.

La oposición al peaje ha copado el turno de preguntas al presidente. En todas sus respuestas, ha asegurado que el Gobierno de Asturias trabajará para acabar con el canon por todos los medios posibles: el político, el social y, también, el judicial. Con este objetivo, el Ejecutivo ya ha solicitado toda la documentación al Ministerio de Transportes. El desenlace, ha augurado el presidente, acabará siendo la eliminación: “No sé cuánto tardaremos, pero la decisión terminará siendo contundente y favorable”.

El peaje fue prorrogado hasta 2050 por un gobierno del PP presidido por José María Aznar y con Francisco Álvarez-Cascos en el Ministerio de Fomento. De no ser por aquella decisión, ya habría finalizado en 2021, hace cuatro años. El portavoz del PP, Álvaro Queipo, ha afirmado que la prórroga fue justificada con criterios técnicos, del mismo modo que ahora Transportes alega razones técnicas para mantenerlo.

Barbón ha aprovechado las manifestaciones del dirigente del PP para contrastarlas con el planteamiento del Gobierno de Asturias. El presidente ha reconocido abiertamente su discrepancia en este asunto con el ministerio y ha sostenido que la prórroga es ilegal. “Hincharon el valor de una empresa pública (Enausa, la sociedad nacional de autopistas de la que formaba parte Aucalsa, la concesionaria del Huerna) para luego venderla”, ha asegurado.

“Usted es incapaz de discrepar de un gobierno del pasado, de hace 25 años, y yo discrepo de un gobierno del presente”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo. En su opinión, esta actitud responde a la falta de liderazgo del presidente del PP, que requiere “un microscopio” para poder detectarlo “porque no hace más que minorar”.

Para Barbón, acabar con el peaje no es una cuestión de costes, sino de legalidad. Con esa premisa, el Ejecutivo ha asumido el liderazgo del consenso social y político más amplio posible. Y no sólo en Asturias, sino también con los gobiernos de Galicia y Castilla y León, con los que se están acordando acciones conjuntas para elevar la presión contra el canon (en Galicia ocurre un caso similar con los peajes de una autopista interior, la AP-9).

La discrepancia respecto al peaje no ha impedido que el presidente haya resaltado su coincidencia con las decisiones del Gobierno de España en muchas otras cuestiones, como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo, el apoyo a la industria de defensa, el aumento del respaldo a las industrias electrointensivas, el compromiso con el anillo eléctrico o el plan estatal de vivienda, por ejemplo.
Barbón lamenta que el Partido Popular sea “incapaz de condenar la tropelía del peaje del Huerna”

El presidente del Principado se compromete a defender la supresión del canon por todos los medios posibles, incluidos los judiciales

Adrián Barbón ha invitado hoy al Partido Popular y a VOX a sumarse a la concentración convocada el día 17 para exigir la supresión del peaje del Huerna. En el pleno de la Junta General, el presidente del Principado ha lamentado que, 25 años después de haber aprobado la prórroga del canon, el PP continúe siendo “incapaz de condenar esa auténtica tropelía”.

La oposición al peaje ha copado el turno de preguntas al presidente. En todas sus respuestas, ha asegurado que el Gobierno de Asturias trabajará para acabar con el canon por todos los medios posibles: el político, el social y, también, el judicial. Con este objetivo, el Ejecutivo ya ha solicitado toda la documentación al Ministerio de Transportes. El desenlace, ha augurado el presidente, acabará siendo la eliminación: “No sé cuánto tardaremos, pero la decisión terminará siendo contundente y favorable”.

El peaje fue prorrogado hasta 2050 por un gobierno del PP presidido por José María Aznar y con Francisco Álvarez-Cascos en el Ministerio de Fomento. De no ser por aquella decisión, ya habría finalizado en 2021, hace cuatro años. El portavoz del PP, Álvaro Queipo, ha afirmado que la prórroga fue justificada con criterios técnicos, del mismo modo que ahora Transportes alega razones técnicas para mantenerlo.

Barbón ha aprovechado las manifestaciones del dirigente del PP para contrastarlas con el planteamiento del Gobierno de Asturias. El presidente ha reconocido abiertamente su discrepancia en este asunto con el ministerio y ha sostenido que la prórroga es ilegal. “Hincharon el valor de una empresa pública (Enausa, la sociedad nacional de autopistas de la que formaba parte Aucalsa, la concesionaria del Huerna) para luego venderla”, ha asegurado.

“Usted es incapaz de discrepar de un gobierno del pasado, de hace 25 años, y yo discrepo de un gobierno del presente”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo. En su opinión, esta actitud responde a la falta de liderazgo del presidente del PP, que requiere “un microscopio” para poder detectarlo “porque no hace más que minorar”.

Para Barbón, acabar con el peaje no es una cuestión de costes, sino de legalidad. Con esa premisa, el Ejecutivo ha asumido el liderazgo del consenso social y político más amplio posible. Y no sólo en Asturias, sino también con los gobiernos de Galicia y Castilla y León, con los que se están acordando acciones conjuntas para elevar la presión contra el canon (en Galicia ocurre un caso similar con los peajes de una autopista interior, la AP-9).

La discrepancia respecto al peaje no ha impedido que el presidente haya resaltado su coincidencia con las decisiones del Gobierno de España en muchas otras cuestiones, como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo, el apoyo a la industria de defensa, el aumento del respaldo a las industrias electrointensivas, el compromiso con el anillo eléctrico o el plan estatal de vivienda, por ejemplo.