El presidente invita a mantener la unidad de los grupos parlamentarios para defender los intereses de Asturias en la reforma de la financiación autonómica

Adrián Barbón ha asegurado hoy que el Gobierno de Asturias tiene “una hoja de ruta clara” ante la reforma del modelo de financiación autonómica: el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y  todos los grupos parlamentarios, con la excepción de VOX. El presidente del Principado ha animado a las fuerzas políticas a mantener “la unidad y el apartidismo” para defender esa posición común.

El gobierno pactó hace ya cuatro años, en 2020, un documento sobre el sistema de financiación. Ese texto reclama que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos y que, para ello, se ponderen mejor los factores que los encarecen, como el envejecimiento de la población, la dispersión demográfica o la orografía. Ese planteamiento conjunto contó con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias, salvo VOX.

“Vamos a ser fieles en todo momento a ese acuerdo”, ha afirmado Barbón en la Junta General. En una respuesta a Adrián Pumares, portavoz de Foro, el jefe del gobierno ha resumido en cinco puntos el criterio del Principado: la reforma es imprescindible, debe negociarse de forma multilateral, ha de reconocer que todas las comunidades están infrafinanciadas, tiene que tener en cuenta las necesidades de Asturias y la hoja de ruta ya está trazada en el documento de 2020.

El presidente ha aprovechado su contestación para pedir a los grupos políticos que preserven el entendimiento. De este modo, vino a razonar, la posición del Gobierno de Asturias será más fuerte en las negociaciones. Para Barbón, las mayores dificultades para cuadrar “el sudoku” de la reforma no vendrán de parte socialista –“sólo gobernamos dos comunidades del régimen común”, afirmó, en referencia a Asturias y Castilla-La Mancha-, sino de los intereses encontrados de las comunidades gobernadas por el PP, que incluyen desde Galicia a Valencia o Andalucía.

Hasta ahora, los planteamientos sobre la financiación han sido divergentes en función de la situación de cada comunidad. Entre otras, Asturias, Galicia y Castilla y León reclaman que dé mayor peso al envejecimiento y la dispersión de la población. Otro grupo de autonomías, como Andalucía o Valencia, piden que conceda prioridad al número de habitantes. Desde mayo de 2023, el PP gobierna comunidades con criterios opuestos.