Derechos Sociales facilitará financiación, formación y apoyo técnico a los concejos que colaboren en la valoración de la dependencia

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha animado hoy a los ayuntamientos a incorporarse al modelo de colaboración que les permite participar en las labores de valoración de la situación de dependencia y en la elaboración de los programas individuales de atención (PIA) para reducir los tiempos de las resoluciones.

La medida forma parte del Plan Agiliza, impulsado por el Gobierno de Asturias para acortar trámites y garantizar una atención más eficaz a las personas que requieren apoyos en su vida diaria. La fórmula combina financiación autonómica, formación y apoyo técnico.

En la reunión telemática que ha mantenido con responsables municipales, Del Arco ha precisado que la colaboración de los ayuntamientos es voluntaria y que su finalidad es la de complementar, en ningún caso sustituir, la actividad de los equipos autonómicos. “Se trata de aprovechar la cercanía de los servicios sociales locales para que realicen la valoración de la dependencia en los domicilios y determinen cuál es la prestación más adecuada en cada caso”, ha explicado.

En la sesión, en la que ha participado la directora general Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez, y representantes de la práctica totalidad de los ayuntamientos, la consejera ha detallado las principales características del modelo, que ya funciona con éxito en cinco municipios: Castropol, Coaña, Villayón, Cangas del Narcea e Ibias. El sistema se basa en una encomienda de valoración de la dependencia integrada en el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales (2024-2027).

Del Arco ha indicado que en esta primera reunión “se han sentado las bases de la colaboración entre la consejería y las entidades locales para conocer qué ayuntamientos podrían asumir estas funciones y comenzar a trabajar, ya que la iniciativa requiere de una labor preparatoria intensa, como la formación y el acceso a herramientas corporativas”.

La consejería ha dado de plazo hasta finales de marzo a las corporaciones locales para que soliciten aclaraciones a cualquier duda que se les plantee.

El personal de los servicios sociales municipales encargado de valorar y elaborar planes individuales de atención deberá contar con una titulación en Trabajo Social, Medicina, Psicología, Enfermería, Fisioterapia o Terapia Ocupacional.

Por su parte, la consejería abonará 190 euros a los ayuntamientos por cada expediente gestionado y el pago será anticipado cada ejercicio. Derechos Sociales se encargará también de la formación certificada para los profesionales municipales, así como de la supervisión y coordinación desde los equipos territoriales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

Además, los equipos especializados de la consejería seguirán colaborando estrechamente con los ayuntamientos que se adhieran a esta iniciativa, con el fin de garantizar una atención homogénea en toda la comunidad.

“Esta fórmula de colaboración ha demostrado ser muy eficaz en concejos del ámbito rural que cuentan con disponibilidad para asumir estas tareas con todas las personas solicitantes que solicitan la dependencia en su territorio o con una parte”, ha valorado Marta del Arco.