El Gobierno de Asturias pone en marcha ayudas económicas para acompañar en su recuperación a las víctimas de violencia sexual
- La prestación, con un plazo de resolución de tres meses, puede solicitarse en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a partir de mañana
- La medida se orienta a garantizar la autonomía de personas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
El Gobierno de Asturias pone en marcha un nuevo sistema de ayudas económicas para apoyar en su recuperación a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual. Con esta medida, el Principado reafirma su compromiso de situar la seguridad, la dignidad y la autonomía de las personas afectadas en el centro de la acción pública, con el fin de garantizar que todas cuenten con un respaldo institucional real y cercano.
Las ayudas, dotadas este año con 100.000 euros, podrán solicitarse a partir de mañana, martes, 24 de febrero, en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, una vez publicado en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) el decreto que regula su funcionamiento:
https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/02/23/2026-01350.pdf
La prestación está recogida en la Ley de Libertad Sexual, aprobada en 2022, y su objetivo es ofrecer un apoyo económico que acompañe los procesos de reparación y reconstrucción vital de las víctimas. La cuantía general asciende a 3.420 euros, equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, y podrá incrementarse para quienes tengan personas a cargo o con discapacidad.
Una de las características más importantes de esta medida es su flexibilidad: las personas beneficiarias podrán solicitarla en cualquier momento, dentro de los cinco años posteriores a su acreditación como víctimas. En el caso de niñas y niños que no hubieran solicitado la ayuda siendo menores, el plazo comenzará a contar desde que alcancen la mayoría de edad. Para acceder a la prestación, será necesario estar empadronado en Asturias y disponer de ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, con condiciones específicas para menores de edad y familias numerosas.
La acreditación de la condición de víctima podrá realizarse por vía judicial, aportando sentencias, órdenes de alejamiento o informes del Ministerio Fiscal, o por vía administrativa. En este último caso, la Dirección General de Igualdad será la encargada de gestionar las acreditaciones de mujeres y niñas mayores de 12 años, mientras que la Dirección General de Infancia asumirá las correspondientes a niños menores de 18 y a niñas menores de 12, con la participación de los Centros Asesores de la Mujer y del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales.
La directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, ha subrayado que estas ayudas suponen “una medida de justicia y reparación, porque reconocer el daño sufrido debe tener consecuencias reales y la Administración pública ha de garantizar apoyo y acompañamiento”.
Por su parte, la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, ha destacado que esta iniciativa “reafirma la responsabilidad pública de proteger los derechos de las víctimas de violencia sexual y garantiza que el Principado actúe donde realmente importa, devolviendo seguridad, autonomía y justicia a quienes han sufrido una vulneración tan grave”.
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