La Alianza por las Infraestructuras pedirá amparo a la Comisión Europea ante la negativa del ministerio a evaluar la legalidad de la prórroga del Huerna

La Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita ha acordado hoy por unanimidad solicitar amparo a la Comisión Europea con el objetivo de impulsar y acelerar la tramitación del procedimiento de infracción abierto en el ámbito comunitario a propósito de la prórroga del peaje de la autopista del Huerna. Esta iniciativa persigue favorecer su avance hacia una fase decisoria que permita, en su caso, el traslado del asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Con este paso, la Alianza –en la que participan el Gobierno de Asturias, agentes sociales y grupos políticos-  refuerza la dimensión europea de la estrategia judicial liderada por el Principado. La vertiente comunitaria complementa la vía judicial abierta en España y promueve un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de la prórroga del peaje conforme al derecho de la Unión Europea.

En la reunión el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha explicado los hitos de la estrategia procesal prevista tras la negativa del Ministerio de Transportes a la revisión de oficio de la prórroga. El primero de ellos será la interposición de un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo.

El Principado había planteado la revisión de oficio del Real Decreto 392/2000, por el que se prorrogó el canon hasta 2050. Esta solicitud fue desestimada recientemente por un acuerdo del Consejo de Ministros. Frente a esta decisión, el gobierno autonómico interpondrá un contencioso ante el Supremo. Esta medida supondrá un avance decisivo en la estrategia del Principado, al trasladar el conflicto al ámbito judicial y abrir la vía para que se produzca un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de la prórroga.

Durante la reunión, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha dado cuenta de las acciones que está llevando a cabo la Dirección General de Consumo para reclamar la suspensión del cobro del peaje o la aplicación de mecanismos de compensación para los usuarios, debido a la sustancial merma en la calidad del servicio provocada por las obras que se realizan en diferentes puntos de la vía. Pese a ello, la concesionaria mantiene íntegro del coste del canon.

Evaluación del servicio y análisis de reclamaciones

Beatriz González ha informado que los servicios jurídicos de la dirección general de Consumo están analizando la respuesta de la concesionaria de la autopista del Huerna, Aucalsa, debido a las deficiencias detectadas en esta infraestructura. Consumo ha requerido a la empresa información detallada sobre la planificación y ejecución de los trabajos y las medidas adoptadas para minimizar su impacto en el tráfico y garantizar la seguridad, al tiempo que se recopilan y analizan incidencias, reclamaciones de personas usuarias y datos sobre retenciones y siniestralidad.

Consumo evaluará si el servicio se presta conforme a la normativa vigente y a los derechos de la ciudadanía y, en su caso, determinará la existencia de incumplimientos, con la posible apertura de un procedimiento sancionador y la exigencia de medidas correctoras. González ha subrayado que las obras “están provocando un estrangulamiento de la vía que afecta a la fluidez y la seguridad”, y ha asegurado que su departamento mantendrá una vigilancia constante sobre la actuación de la concesionaria para garantizar unas condiciones adecuadas en la prestación del servicio.
Un coste económico superior al de la infraestructura

El Gobierno de Asturias advierte también de la desproporción económica que supone mantener el peaje hasta 2050. Según sus estimaciones, desde que la concesión debía haber finalizado (17 de octubre de 2021), los usuarios ya han pagado en torno a 218 millones y, si la situación actual se prolonga, el coste total superará los 2.100 millones. Esta cantidad contrasta con el valor estimado de la propia autopista, cifrado en unos 285 millones, lo que implica que los conductores acabarán pagando más de siete veces su valor real. 

Para el Ejecutivo autonómico, estos datos reflejan con claridad que no se trata solo de un problema jurídico, sino también de un modelo económicamente desproporcionado, en el que los ciudadanos continúan soportando durante décadas un coste muy superior al de la propia infraestructura.

Respuesta sin análisis de fondo

El Gobierno de Asturias considera además que la respuesta ofrecida por el Ministerio de Transportes a la solicitud de revisión de oficio de la prórroga evita de forma consciente entrar en el núcleo del problema. La inadmisión se apoya exclusivamente en el transcurso del tiempo, un argumento que tanto el Principado como la Comisión Europea han rebatido jurídicamente de manera expresa. A juicio del Ejecutivo autonómico, esta posición no solo resulta insuficiente, sino que impide abordar si la prórroga se ajusta o no al ordenamiento jurídico, pese a tratarse de una medida con efectos plenamente vigentes hasta 2050.

Frente a ello, el Gobierno de Asturias sostiene una posición jurídica consistente y respaldada por instancias independientes. Tanto la Comisión Europea como el Consejo Consultivo del Principado coinciden en que la modificación de la concesión aprobada en el año 2000 tiene carácter sustancial, al afectar a elementos esenciales como la duración, la rentabilidad y el equilibrio económico-financiero del contrato.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una modificación de este alcance equivale a una nueva adjudicación, lo que exigía la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia. La ausencia de ese procedimiento sitúa la prórroga en el ámbito de la nulidad de pleno derecho, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (ley 39/2015).

En este contexto, la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo marca un punto de inflexión: no se trata de un trámite formal, sino del paso que permite superar el bloqueo administrativo y activar un control jurisdiccional efectivo. El alto tribunal deberá analizar si concurren los presupuestos de nulidad alegados, lo que implica necesariamente entrar en el fondo del asunto.

Dimensión europea

El Gobierno de Asturias afronta esta nueva fase con la determinación de defender los intereses de la comunidad en todas las instancias, con toda la fortaleza de sus argumentos jurídicos, y llegar hasta el final en todas las vías disponibles. El Ejecutivo subraya que la vía judicial no solo es necesaria, sino también la adecuada para garantizar un análisis completo y con todas las garantías.

La relevancia del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea refuerza la dimensión europea del caso y evidencia que la legalidad de la prórroga sigue siendo objeto de revisión en el ámbito comunitario. El Gobierno de Asturias mantiene su confianza en que tanto las instancias nacionales como europeas permitan clarificar definitivamente esta cuestión.

Con esta actuación, el Principado da un paso determinante para lograr un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de la prórroga del peaje del Huerna y reafirma su compromiso de utilizar todos los instrumentos jurídicos a su alcance para la defensa de los intereses de la comunidad.