El Gobierno de Asturias autoriza el recurso ante el Tribunal Supremo para poner fin al peaje del Huerna y acabar con un agravio histórico que castiga a la ciudadanía y las empresas

El Gobierno de Asturias ha autorizado hoy la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) para poner fin al peaje del Huerna y acabar así con un agravio histórico que lastra las comunicaciones entre la comunidad y la meseta tanto para la ciudadanía como para las empresas.

El Ejecutivo ha dado luz verde al inicio de las acciones legales contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de abril, que inadmitió la solicitud del Principado para proceder a la revisión de oficio de la prórroga del peaje de la autopista del Huerna  (A-66) hasta 2050.

Esta iniciativa responde a la defensa rigurosa de la legalidad ante una decisión, la de la prolongación del canon, que presenta indicios fundados de nulidad radical. La Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita acordó esta medida por unanimidad en su última reunión, celebrada el 23 de abril, tras el dictamen de la Comisión Europea que acredita irregularidades en el proceso de tramitación de la prórroga aprobada en el año 2000 por un gobierno del Partido Popular. 

Esa prórroga constituye, a juicio del Ejecutivo autonómico, una modificación sustancial del contrato original con la concesionaria de la autopista del Huerna, dado que amplía en 29 años su duración y altera de forma significativa sus condiciones económicas en favor de la empresa. De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Unión Europea, este tipo de modificaciones exige una nueva adjudicación, por lo que debería haberse sometido a un proceso de licitación pública con plenas garantías de transparencia, igualdad y libre concurrencia, requisitos que no se cumplieron en este caso.

El Gobierno del Principado trabaja en varias líneas para restablecer la legalidad y acabar con una situación injustificada y perjudicial. Así, desarrolla una labor coordinada con las instituciones europeas para afrontar una revisión de fondo del proceso en el que modificaron las condiciones de la concesión para ampliar su vigencia durante 29 años más.

También mantiene una estrecha colaboración con las administraciones de Galicia y Castilla y León para abordar de forma coordinada acciones que permitan acabar con los pagos, tanto en la AP-66, como en la AP-9 (autopista del Atlántico, en Galicia).

En paralelo, el Principado ha impulsado actuaciones específicas para reclamar la suspensión del cobro del peaje o la aplicación de mecanismos de compensación ante la sustancial merma en la calidad del servicio provocada por las obras que se realizan en diferentes puntos de autopista del Huerna. Pese a ello, la concesionaria mantiene íntegro del coste del canon.

Apoyo al mecenazgo

El Ejecutivo autonómico ha aprobado el proyecto de Ley de Mecenazgo, impulsado por la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos para favorecer la participación del sector privado en actividades culturales, deportivas, sanitarias, de asistencia social, de investigación, desarrollo e innovación tecnológica; de promoción de la igualdad y cualquier otra considerada de interés general.

La norma, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, fija una serie de incentivos fiscales con el ánimo de estimular la colaboración social en distintas modalidades:

• Donativos y donaciones dinerarias, de bienes o de derechos.

• Cesiones de uso o contratos de comodato o de carácter gratuito.

• Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general.

• Constitución de nuevas fundaciones o aportaciones al patrimonio fundacional de entidades ya existentes.

En materia tributaria, el texto legislativo distingue tres grandes bloques de incentivos fiscales en lo que se refiere a los beneficiarios:

• Para las personas físicas que actúen como mecenas se establece un régimen específico de deducciones en el impuesto sobre la renta (IRPF).

• Para las personas jurídicas, incorpora como principal novedad la creación de créditos fiscales aplicables a los impuestos y tasas propios de la comunidad. Estos créditos alcanzarán el 25% del importe total del donativo, con un límite anual de 5.000 euros, y podrán usarse durante un periodo de cuatro años desde su reconocimiento.

• El tercer bloque tiene relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales. En estos casos, la ley recoge una serie de beneficios fiscales para que las operaciones vinculadas al mecenazgo queden exentas de tributación y no soporten cargas adicionales.

Plataforma Logística Sociosanitaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 968.396 euros para encargar a la empresa pública Tragsatec la redacción del planeamiento territorial y urbanístico para el desarrollo de la Plataforma Logística Asturiana Sociosanitaria en los antiguos terrenos de Nitrastur, en Langreo.

La asistencia técnica incluye la redacción de los instrumentos urbanísticos y ambientales oportunos para la implantación de la plataforma: el plan territorial especial, el proyecto de expropiación de terrenos, la evaluación ambiental estratégica, los proyectos de urbanización con su correspondiente evaluación de impacto y la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Langreo.

El futuro equipamiento, que contará con financiación del Fondo de Transición Justa, permitirá centralizar servicios auxiliares sanitarios como la logística, el almacenamiento, la lavandería y la distribución, lo que ayudará a optimizar recursos y mejorar la eficiencia. La plataforma ocupará unos 40.000 metros cuadrados en las proximidades de la antigua central de Lada y supondrá una oportunidad de revitalización económica para la cuenca del Nalón, al favorecer la reutilización de suelos en desuso y reforzar la posición de Langreo como enclave estratégico dentro del sistema sanitario y logístico de Asturias.

Además, la actuación prevista impulsará la recuperación integral de un espacio industrial degradado mediante la regeneración del terreno, la recuperación del cauce de un arrojo actualmente soterrado y la creación de un corredor verde, así como la mejora de la protección frente a inundaciones.

Nuevas zonas de mercado residencial tensionado

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la declaración de las localidades de Po, Barro, Celoriu y Nueva, en el concejo de Llanes, como zonas de mercado residencial tensionado.

Con esta decisión de su departamento, culmina la declaración de las primeras doce zonas tensionadas de Asturias. A las cuatro localidades llaniscas se suman las ya declaradas en Llanes y Posada; Arenas y Po, en Cabrales; los barrios gijoneses de Cimadevilla y La Arena, L.luanco/Luanco, en Gozón, y el barrio de La Magdalena, en Avilés. Una vez completada esta primera fase, el Principado iniciará las labores de seguimiento y control de las medidas aprobadas.

Estas declaraciones, con una duración inicial de tres años prorrogables, permitirán aplicar medidas previstas en la normativa para corregir disfunciones del mercado residencial, en especial, la contención de precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada y el refuerzo de iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda habitual.

Mejora de las carreteras autonómicas

El Consejo de Gobierno ha autorizado una partida de 2.271.142 euros para mejorar la carretera AS-375 (Oviedo/Uviéu-Campumanes) a su paso por el concejo de Lena.

Los trabajos se desarrollarán en dos tramos, divididos por la travesía de La Pola, que suman en total 9,1 kilómetros. La actuación incluye la rehabilitación del firme, la renovación de elementos de contención y la sustitución o instalación de barreras de seguridad y señalización. También se modernizará el sistema de drenaje.