El Gobierno de Asturias avanza en el cumplimiento del 'Plan Regenera' con la recuperación del Servicio de Seguridad Minera

El Gobierno de Asturias avanza en el cumplimiento del Plan Regenera, la hoja de ruta presentada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, para reforzar la vigilancia y la supervisión de la actividad en las minas. El Ejecutivo ha aprobado hoy el decreto que permitirá recuperar el Servicio de Seguridad Minera, uno de los principales puntos de ese programa.

Barbón presentó el Plan Regenera en abril, poco después de que se conociera el informe elaborado por la Inspección General de Servicios. Este trabajo había sido encargado por el propio presidente a raíz del accidente de Zarréu, en el que fallecieron cinco trabajadores. El Ejecutivo no sólo hizo suyas todas las recomendaciones de la inspección, sino que las amplió con otros compromisos.

La recuperación del servicio de seguridad minera requiere la modificación de la estructura de la Consejería de Ciencia, que dirige Borja Sánchez. La reorganización aprobada también robustecerá la estructura de la Dirección General de Energía y Minería, que quedará integrada por los siguientes órganos:

• Servicio de Minas.

• Servicio de Seguridad Minera.

• Servicio de Gestión Energética.

• Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

El Servicio de Seguridad Minera controlará las condiciones de seguridad y salubridad en explotaciones y yacimientos, asumirá las actuaciones administrativas de inspección y sanción y se encargará de la prevención de riesgos. Igualmente, expedirá las certificaciones de aptitud para determinadas profesiones, coordinará los programas de formación y seguridad y elaborará los planes generales de inspección. En cuanto se cubra esta jefatura de servicio, se iniciará la elaboración del programa de inspecciones.

El Plan Regenera incluye varias líneas de trabajo agrupadas en cuatro bloques: normativas, de investigación interna, de organización interna y de mejora de la coordinación interna y entre administraciones. Su desarrollo sigue el cronograma previsto. Así, además de la recuperación del Servicio de Seguridad Minera, se están ultimando las instrucciones que elevarán el control sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC) y la transmisión de derechos mineros.

También se han redactado los pliegos del contrato para actualizar el catastro minero. Además, está en marcha el diseño de nuevas aplicaciones para que las empresas comuniquen a la Administración sus planes de labores de manera electrónica y para que se procesen por vía digital los datos de los accidentes.

Esta medida se suma a otras actuaciones puestas en marcha desde el siniestro de Zarréu, como el refuerzo del personal del juzgado de Cangas del Narcea, la realización de controles mineros sin previo aviso o el encargo, ya citado, del informe de la Inspección General de Servicios.

Relevo en el campo

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de ocho millones destinado a la segunda edición del programa Incorpórate al agro, que apoya la llegada de jóvenes y nuevos profesionales a las tareas agrarias. Esta previsión tendrá carácter de crédito ampliable y podrá incrementarse en otros doce millones hasta alcanzar los 20 si hiciera falta para atender la demanda.

La cuantía de las ayudas se sitúa en 50.000 euros. No obstante, puede alcanzar los 100.000 en el caso de mujeres que se sumen a las labores agrícolas y ganaderas, explotaciones en extensivo que adopten medidas preventivas frente a los daños de la fauna salvaje, producciones ecológicas o lácteas en zonas de montaña o producciones de alimentos amparados por una marca de calidad.

El Principado amplió el año pasado esta convocatoria, que hasta entonces beneficiaba a personas de 18 a 40 años, a nuevos agricultores de 41 a 56 años que en los dos ejercicios previos a la solicitud no hubieran obtenido ingresos agrarios superiores a los 10.000 euros anuales. Este criterio se mantendrá en la nueva edición del programa.

En esta ocasión, como principal novedad, todas las personas que quedaron en lista de espera el año pasado podrán optar a las ayudas sin necesidad de realizar nuevos trámites, más allá de manifestar expresamente su voluntad de ratificar la solicitud. Es decir, no tendrán que aportar un nuevo plan empresarial ni documentación adicional. En total, podrán beneficiarse de esta medida 94 personas: 51 jóvenes y 43 nuevos agricultores y ganaderos. 

Entre los dos períodos de solicitud que se habilitaron el año pasado, recibieron ayudas 193 personas: 134 jóvenes y 59 nuevos profesionales, que recibieron una cuantía media de 67.000 euros.  

El plan Incorpórate al agro busca facilitar la incorporación de nuevas generaciones al campo, así como promover explotaciones más competitivas, sostenibles y adaptadas a los retos del medio rural.

Además, permite compatibilizar las tareas agrícolas y ganaderas con otro tipo de actividades económicas. La agricultura a tiempo parcial favorece la continuidad de las pequeñas explotaciones y permite incrementar la renta de los profesionales, al tiempo que ayuda a la fijación de población y a la conservación del medio rural.

Mejora del acceso a la vivienda

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la declaración de los barrios de La Arena y Cimadevilla, en Gijón/Xixón, como zonas de mercado residencial tensionado, acordada mediante resolución el 14 de mayo.

Estas declaraciones, con una duración inicial de tres años prorrogables, permitirán aplicar medidas previstas en la normativa para corregir disfunciones del mercado residencial, en especial, la contención de precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada y el refuerzo de iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda habitual.

Los dos barrios gijoneses se suman así a las localidades de Llanes y Nueva, en el concejo de Llanes, y de Arenas y Po, en Cabrales, declaradas el pasado 24 de abril.

Con estas decisiones, el Ejecutivo da un primer paso en el uso de los instrumentos previstos en la legislación estatal para afrontar la tensión detectada en determinados mercados residenciales dentro de Asturias.

Comisión de supervisión ética de la inteligencia artificial

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se crea el Comité de Supervisión Ética, Normativa y de Innovación en Inteligencia Artificial (Sendia), el órgano colegiado de asesoramiento, apoyo técnico y seguimiento que orientará el uso de la inteligencia artificial en la Administración autonómica desde criterios éticos, jurídicos y técnicos.

Con esta decisión, Asturias consolida su modelo de gobernanza de la inteligencia artificial y refuerza el marco pionero aprobado en 2025 con la norma que regula el uso de esta tecnología en el Principado.

Sendia tendrá entre sus funciones analizar riesgos, emitir dictámenes no vinculantes y formular recomendaciones sobre el desarrollo, adquisición, despliegue, seguimiento y, en su caso, la retirada de sistemas de inteligencia artificial.

Además, vigilará que las herramientas basadas en inteligencia artificial no generen discriminaciones ni desigualdades y que su aplicación respete los derechos fundamentales, especialmente en ámbitos sensibles como los servicios sociales, la igualdad o la atención ciudadana.