El Principado se desmarca de las comunidades gobernadas por el PP y apuesta por reforzar la protección del litoral frente a la liberalización

La directora general de Urbanismo, Laura López, participó ayer en Madrid en la reunión multilateral de comunidades autónomas con litoral, en la que se abordó la posible reforma de la Ley de Costas y de su reglamento. En el encuentro, las comunidades gobernadas por el Partido Popular plantearon la necesidad de promover un nuevo texto normativo para negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una visión que consideran más acorde con el reparto competencial y la realidad territorial. Por su parte, el Principado expresó su posición diferenciada y solicitó que constaran expresamente sus discrepancias.

En este sentido, López ha defendido que cualquier modificación del marco normativo debe afrontar los retos derivados del cambio climático desde una perspectiva de protección del dominio público marítimo-terrestre, y no desde planteamientos de flexibilización o liberalización.

“Las modificaciones que se hagan del marco normativo deben afrontar nuevos retos como el cambio climático con la misma mirada, y así lo expresamos tanto en la reunión multilateral de ayer como en las aportaciones realizadas al trámite de consultas previas a la modificación del Reglamento General de Costas”, ha añadido.

El ministerio ha impulsado la modificación del Reglamento General de Costas y ha abierto un periodo de consulta pública previa como primer paso. En este marco, el Gobierno de Asturias ya ha remitido sus propuestas, orientadas a reforzar la seguridad jurídica, garantizar la protección ambiental del litoral y adaptar la normativa a los escenarios de riesgo asociados al cambio climático.

Con esta posición, Asturias se desmarca de la estrategia impulsada por las comunidades gobernadas por el PP y apuesta por una reforma que priorice la defensa del interés general, la preservación del litoral y la adaptación a los desafíos climáticos, frente a planteamientos que puedan suponer una liberalización del dominio público marítimo-terrestre.